ASJ alerta sobre limitaciones para perseguir a las redes de extorsión
Las cifras presentadas por la ASJ reflejan la dimensión del problema: durante 2024, más de 300,000 hogares reportaron que alguno de sus integrantes había sido víctima de extorsión en los 12 meses anteriores.
14 de octubre de 2026
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que la respuesta judicial frente a la extorsión en Honduras continúa concentrándose en personas detenidas mientras cometen el delito, sin lograr alcanzar de manera suficiente a los principales responsables de las organizaciones criminales.
Según Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de esa entidad, alrededor del 90 % de los requerimientos fiscales y las condenas por este ilícito involucran a sospechosos capturados en flagrancia.
La extorsión representa una de las amenazas que afectan a familias, comerciantes y trabajadores del transporte en Honduras. Además de las pérdidas económicas, este delito genera temor en comunidades donde las víctimas pueden sentirse expuestas a represalias si denuncian los cobros ilegales.
Las cifras presentadas por la ASJ reflejan la dimensión del problema: durante 2024, más de 300,000 hogares reportaron que alguno de sus integrantes había sido víctima de extorsión en los 12 meses anteriores. En 2025, la estimación se situó en aproximadamente 294,000 hogares, según los datos divulgados por la organización.
Castañeda explicó que la concentración de casos en detenciones realizadas en flagrancia evidencia la necesidad de fortalecer las investigaciones para identificar a quienes organizan, financian y dirigen las estructuras dedicadas a este delito.
El representante de la ASJ cuestionó que los resultados judiciales no reflejen avances suficientes contra los mandos superiores de las redes criminales. A su criterio, detener a quienes ejecutan directamente los cobros ilegales no basta para desarticular las organizaciones que mantienen el negocio de la extorsión.
El análisis también puso en evidencia dificultades en la persecución de otros delitos relacionados con la actividad de estas estructuras. Castañeda indicó que, hasta agosto de 2026, no se registraban requerimientos fiscales ni condenas por tráfico de personas dentro de los datos que presentó. En materia de tráfico de armas, señaló que apenas se contabilizaban seis requerimientos fiscales y ninguna condena durante el período analizado de cinco años.
Para la organización, estos indicadores plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para investigar las redes criminales de forma integral y llevar ante la justicia a sus principales responsables. El desafío consiste en mejorar la recolección de pruebas, el seguimiento de las operaciones delictivas y la coordinación entre los organismos encargados de la seguridad y la persecución penal.
