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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este martes sobre el alarmante deterioro del espacio cívico en Honduras, denunciando un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a defender derechos.

En la octava edición de su informe Estado de país, ASJ documenta restricciones, amenazas e impunidad que afectan gravemente a periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, sector privado y hasta el cuerpo diplomático.

El informe resalta un preocupante patrón de ataques impulsados desde las propias instituciones del Estado, especialmente desde 2022, que se manifiesta en campañas de odio y desprestigio en redes sociales, ataques verbales desde funcionarios públicos y uso de medidas represivas como el estado de excepción, que ha suspendido derechos constitucionales y permite detenciones sin orden judicial.

En lo que va de 2025, el Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) ha contabilizado 1,230 ataques desde cuentas oficiales de funcionarios. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó en 2024 un total de 284 ataques que afectaron a 319 víctimas, entre personas y organizaciones.

La situación de los periodistas es particularmente grave. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2001 y 2025 se han registrado 103 muertes violentas de periodistas y trabajadores de medios, de las cuales el 88 % permanece en la impunidad.

Además, el número de denuncias por parte de periodistas se duplicó en el período 2022-2024 respecto a 2016-2021, pasando de un promedio de 11 a 22 denuncias anuales.

Las alertas también se reflejan en índices internacionales. Honduras mantiene una calificación de espacio cívico reprimido en el Monitor CIVICUS; recibió una puntuación de 40 en el Índice Chapultepec 2024, reflejando severas restricciones a la libertad de prensa; y está clasificada como parcialmente libre por Freedom House. Reporteros Sin Fronteras ha señalado un deterioro sostenido de la libertad de prensa en el país.

En este contexto, ASJ expresó su profunda preocupación por la prolongación del estado de excepción, que considera ineficaz frente a la criminalidad, pero potencialmente útil como mecanismo de intimidación política, sobre todo en coyunturas electorales. Además, criticó la crisis institucional del Mecanismo Nacional de Protección, que opera con recursos limitados, alta rotación de personal y escasa capacidad técnica, lo que quedó en evidencia con el reciente asesinato de dos comunicadores sociales el 1 de junio, uno de ellos amparado bajo dicho mecanismo.