Asfura alista sanción de Ley de Justicia Energética
Entre sus disposiciones se encuentra la reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con una separación de las actividades de generación, transmisión y distribución.
22 de septiembre de 2026
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sancionará en los próximos días la Ley de Justicia Energética, luego de que el equipo jurídico de Casa de Gobierno concluya la revisión del extenso documento aprobado por el Congreso Nacional. Posteriormente, la normativa deberá ser enviada para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La legislación fue aprobada por el Congreso Nacional el 31 de agosto de 2026 y contempla una transformación importante del sector eléctrico hondureño. Entre sus disposiciones se encuentra la reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con una separación de las actividades de generación, transmisión y distribución.
La entrada en vigor de la ley dependerá de su publicación en La Gaceta. El decreto también establece, entre otras medidas, un período inicial de seis meses sin incrementos en la tarifa eléctrica y nuevas reglas para la contratación de energía, el manejo de pérdidas y la operación del mercado eléctrico.
El ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, explicó que el retraso en la sanción responde a la revisión jurídica del documento, que consta de 97 páginas en formato legal. Según el funcionario, debido a la amplitud de las reformas se está verificando cada una de sus disposiciones antes de que el presidente dé el siguiente paso.
Ordóñez señaló que uno de los principales objetivos de la reforma es modificar la estructura de la ENEE para separar sus funciones. La propuesta contempla empresas diferenciadas para generación, transmisión y distribución, como parte de un proceso destinado a modificar la manera en que opera actualmente la estatal eléctrica.
Las autoridades también han señalado las pérdidas de la ENEE como uno de los principales problemas que pretende atender la nueva legislación. El Gobierno sostiene que las pérdidas rondan el 38 %, situación que, según sus funcionarios, representa una fuerte presión sobre las finanzas de la empresa y termina afectando al sistema eléctrico y a los usuarios.
La normativa aprobada incorpora además cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico. Entre ellos figura la creación de un Operador del Sistema y del Mercado (OSM), encargado de coordinar la operación del sistema nacional y administrar diferentes aspectos del mercado de electricidad.
Para los usuarios, uno de los cambios más inmediatos previstos es que la tarifa aplicada al último recibo generado no pueda incrementarse durante seis meses desde la entrada en vigencia de la ley. El período podría extenderse por otros seis meses mediante una decisión del Congreso Nacional.
