Arresto domiciliario para exministro Cardona por fraude en Sedesol
La misma medida cautelar fue dictada contra Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, todos señalados de participar en el esquema de uso indebido de fondos públicos.
4 de febrero de 2026
Un juez natural impuso este martes la medida de arresto domiciliario con custodia policial al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, junto a cuatro exempleados, dentro del proceso penal conocido como el caso “Chequesol”, en el que se les imputan 67 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.
El proceso se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde Cardona se presentó de forma voluntaria para enfrentar las acusaciones del Ministerio Público.
Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, más de seis millones de lempiras destinados a programas sociales en el departamento de Copán habrían sido desviados mediante mecanismos irregulares, entre ellos facturas duplicadas, informes falsos y la supuesta entrega de ayudas a beneficiarios que no cumplían los requisitos legales.
La misma medida cautelar fue dictada contra Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, todos señalados de participar en el esquema de uso indebido de fondos públicos.
En contraste, siete personas vinculadas al expediente, incluida la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, continúan con orden de captura vigente al no haberse presentado ante la autoridad judicial. Para estos casos, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mantiene activas alertas migratorias y órdenes de localización.
Las autoridades fiscales han reiterado que el caso será impulsado hasta sus últimas consecuencias, como parte de los esfuerzos por fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar la correcta administración de los recursos estatales. La audiencia inicial quedó programada para el 6 de febrero, fecha en la que se definirá el rumbo procesal de los imputados.
