Allanan red criminal ligada a extraditables por drogas y lavado
Allanamientos e inspecciones contra estructura criminal vinculada a extraditables por narcotráfico y lavado de activos

29 de abril de 2025
El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó este lunes seis allanamientos de morada e inspecciones en distintas zonas del país. Las acciones están dirigidas contra una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, vinculada a los extraditables Fredy Donaldo Mármol Vallejo, Cristhian Jamil Suazo y Kensy Ibeth García Torres.
La investigación se originó a partir de reportes de operaciones financieras sospechosas relacionadas con José Ernesto Icaza Saborio y su entorno familiar, quienes presentaban ingresos millonarios sin justificación legal. Las indagaciones posteriores revelaron que Icaza mantenía vínculos con un socio del reconocido narcotraficante Rubén Alberto Mejía Mejía, alias Yuquita, conectado a su vez con los mencionados extraditables.
Durante las diligencias, los agentes de la DLCN identificaron vehículos propiedad de Icaza Saborio utilizados en actividades ilícitas, algunos de los cuales eran conducidos por el mexicano Crescencio Ramírez Coria, considerado líder de una organización criminal transnacional y actualmente extraditado desde Guatemala a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Este caso tiene antecedentes en la Operación Laberinto de 2018, en la cual se encontró documentación vinculada a Icaza Saborio, quien aparece como representante de la empresa Inversiones Inmobiliarias del Atlántico (INATLAN S.A.), señalada por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero. Las autoridades retomaron este lunes las investigaciones con el objetivo de recolectar nuevos indicios relacionados con delitos de lavado de activos y tráfico de drogas.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir y desarticular las estructuras criminales organizadas que operan en el país, especialmente aquellas que mantienen vínculos con redes de narcotráfico internacional y personas ya requeridas en extradición. Esta operación forma parte de una estrategia más amplia de lucha contra el crimen organizado y financiero en Honduras.










