NACIONALES

Honduras volvió a quedar bajo señales de deterioro en materia de libertad de expresión y prensa, luego de que una evaluación regional situara al país en una categoría de alta restricción, reflejando un entorno cada vez más complejo para el ejercicio periodístico. El informe más reciente ubica a la nación centroamericana entre las peores evaluadas del continente y advierte sobre un escenario marcado por agresiones, hostilidad política, impunidad y un débil nivel de protección institucional.

La libertad de expresión es uno de los principales termómetros de la salud democrática de un país, y en el caso hondureño la tendencia de los últimos años refleja un debilitamiento continuo. El Índice Chapultepec muestra que Honduras pasó de posiciones menos críticas a instalarse en un nivel de alta restricción, en medio de polarización política, denuncias de hostilidad contra la prensa y cuestionamientos sobre la respuesta estatal ante la violencia contra periodistas. Ese panorama mantiene abiertas las alertas sobre el espacio cívico, el derecho a informar y la capacidad de la sociedad para debatir con libertad.

De acuerdo con los datos divulgados, Honduras obtuvo 35.64 puntos de 100 en el Índice Chapultepec 2025, su nota más baja desde que comenzó a ser evaluada en este barómetro. Además, descendió al puesto 16 entre 23 países analizados, consolidándose dentro del bloque catalogado con “alta restricción”, una franja en la que ya había caído desde 2023 y de la que no ha logrado salir.

El deterioro, según la medición, no responde a un solo factor, sino a una combinación de agresiones directas, acoso verbal, presión institucional, campañas de estigmatización y debilidad estatal para garantizar seguridad a periodistas y medios. El informe también asocia el agravamiento del panorama con el proceso electoral reciente, periodo en el que se registraron ataques, asesinatos de comunicadores y discursos desde espacios de poder que elevaron la tensión contra la prensa.

Entre los elementos más delicados señalados en la evaluación figuran la baja capacidad del Estado para responder a la violencia e impunidad contra periodistas, así como las limitaciones para asegurar que la ciudadanía pueda informarse y expresarse libremente. La medición desglosa además que el país mostró resultados débiles en dimensiones relacionadas con protección institucional, libertad informativa y condiciones para el trabajo periodístico, lo que confirma un retroceso sostenido en los últimos años.

Voces defensoras de la libertad de prensa sostienen que el problema no solo está en los ataques físicos o en los crímenes contra comunicadores, sino también en la persistencia de un ambiente hostil alimentado por discursos de criminalización, presiones judiciales, desinformación y campañas de desprestigio. A ello se suma la preocupación por la impunidad en casos de asesinatos y agresiones, así como la falta de eficacia de los mecanismos de protección existentes.