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Varias municipalidades del país han aprobado ordenanzas que prohíben reuniones de grupos identificados como “therians”, normativas que han generado debate y cuestionamientos tanto a nivel legal como social.

Las disposiciones fueron adoptadas por los concejos municipales de tres ciudades, con el objetivo declarado de regular el uso de espacios públicos y preservar el orden público, según comunicados oficiales emitidos por dichas alcaldías.

Los therians, definidos por especialistas en comportamiento como individuos que se identifican psicológica o espiritualmente con un animal o criatura no humana, no constituyen una agrupación formal con estructura legal registrada.

No obstante, algunos gobiernos locales argumentan que las reuniones que organizan pueden representar “actividades no previstas” y, en su criterio, podrían perturbar la convivencia ciudadana si no se someten a regulación municipal.

Las nuevas ordenanzas municipales estipulan que cualquier concentración de personas en espacios públicos debe contar con permisos previos, reuniones que, en el caso de aquellas relacionadas con identidades alternativas como la therian, podrían ser vetadas si no cumplen con requisitos específicos de seguridad, horarios o uso de la vía pública.

Las medidas han hecho énfasis en la necesidad de proteger el orden y garantizar el uso adecuado de parques, plazas y áreas de esparcimiento familiar.

Organizaciones de derechos humanos y grupos civiles han manifestado su preocupación por estas normas, al considerar que pueden implicar una discriminación indirecta hacia grupos que simplemente buscan espacios de encuentro social.

Consultores en derecho constitucional han señalado que las ordenanzas deben respetar derechos fundamentales como la libre asociación y reunión pacífica, y han llamado a las alcaldías a revisar sus marcos normativos para evitar que se interpretaciones o aplicaciones arbitrarias.

Algunos alcaldes y concejales locales han defendido las órdenes, subrayando que no están dirigidas a criminalizar identidades ni preferencias personales, sino a garantizar que las actividades colectivas se realicen con autorización y en condiciones que no afecten al resto de la ciudadanía. De acuerdo con las autoridades municipales, la normativa también aplica para otros grupos que realicen encuentros sin la debida notificación o sin cumplir con las condiciones de seguridad y logística establecidas por ley.

La polémica ha suscitado un debate más amplio en redes sociales y círculos académicos, donde se discute el equilibrio entre el derecho al uso de espacios públicos y la libertad de expresión y asociación. Expertos en políticas públicas han sugerido que, en lugar de prohibiciones generales, las municipalidades podrían considerar mecanismos más flexibles para facilitar el acceso ordenado a lugares comunitarios sin restringir libertades civiles.

Mientras tanto, los representantes de personas identificadas como therians han anunciado que seguirán explorando vías de interlocución con las autoridades para defender su derecho a reunirse de forma pacífica y organizada, siempre dentro del marco legal vigente.