Ajuste al peaje en 2026 seguirá pese a falta de acuerdos
La Concesionaria Vial Honduras (Covi) confirmó que el incremento en los montos que pagan los usuarios de las carreteras concesionadas, incluyendo la carretera CA-5, entrará en vigor a partir del 15 de enero de 2026, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión vigente.

13 de enero de 2026
El aumento de las tarifas de peaje para 2026 en las principales carreteras del país se mantiene firme luego de que no se alcanzaran acuerdos entre el gobierno hondureño y la concesionaria responsable de su administración, informó recientemente la empresa encargada.
La Concesionaria Vial Honduras (Covi) confirmó que el incremento en los montos que pagan los usuarios de las carreteras concesionadas, incluyendo la carretera CA-5, entrará en vigor a partir del 15 de enero de 2026, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión vigente.
Según la empresa, la falta de un nuevo acuerdo con las autoridades del Ejecutivo y de la Secretaría de Infraestructura y Transporte impide frenar el ajuste. La cláusula contractual establece revisiones y aumentos anuales basados en indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el convenio anterior que mantenía las tarifas congeladas desde 2020 expiró el 14 de enero.
Además, Covi señaló que el Gobierno aún no ha pagado los subsidios adeudados por el mantenimiento de tarifas bajas en años anteriores, correspondientes a los periodos 2024 y 2025, lo que complica aún más las negociaciones para posponer el aumento.
Desde la perspectiva del concesionario, mantener el incremento es una obligación contractual, aunque reconoce que se encuentra abierto al diálogo con las autoridades para explorar soluciones que beneficien tanto a los usuarios como al cumplimiento de los compromisos legales.
El ajuste de peajes ha generado preocupación entre transportistas y conductores, quienes anticipan impactos en los costos de movilización de personas y mercancías. El tema ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre subsidios estatales, recursos públicos y la sostenibilidad de las concesiones viales en el país.
El anuncio se produce en un momento en que el gobierno intenta equilibrar la gestión de infraestructura con presiones fiscales y la necesidad de mantener servicios sin aumentar directamente la carga económica sobre los ciudadanos.










