Afectados por Koriun denuncian abandono y amenazan con nuevas protestas
El caso Koriun pone en evidencia la falta de regulación efectiva del sistema financiero alternativo en Honduras y la vulnerabilidad de miles de ciudadanos ante esquemas piramidales, que operan durante años sin supervisión estatal.
4 de junio de 2025
A cuatro meses del estallido del caso Koriun Inversiones, miles de afectados en Honduras denuncian el abandono gubernamental y advierten que podrían retomar las protestas ante la falta de avances y respuestas concretas.
Aunque las manifestaciones y tomas de carretera se han detenido temporalmente, el malestar crece entre quienes aseguran haberlo perdido todo tras confiar en una red de inversión que el Ministerio Público (MP) calificó como un esquema Ponzi.
El caso Koriun pone en evidencia la falta de regulación efectiva del sistema financiero alternativo en Honduras y la vulnerabilidad de miles de ciudadanos ante esquemas piramidales, que operan durante años sin supervisión estatal.
También abre un debate urgente sobre la necesidad de reformar los mecanismos de protección al inversionista, así como las obligaciones del Estado ante fraudes masivos que generan crisis sociales profundas. El caso ha creado un precedente alarmante sobre los riesgos del vacío institucional en materia de justicia económica.
“Nos sentimos abandonados. Solo fueron promesas y ahora nadie da la cara”, expresaron representantes del grupo de víctimas, quienes acusan a las autoridades de “lavarse las manos” tras la intervención inicial del MP.
El escándalo se destapó en febrero de 2025, cuando el MP reveló que Koriun operó durante al menos siete años, prometiendo rentabilidades irreales a través de una estructura que dependía del dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores.
El caso es considerado ya como una de las estafas financieras más grandes en la historia reciente del país, con un impacto devastador en la vida de miles de familias.
Aunque el MP ha reiterado que las investigaciones continúan, los afectados aseguran que no hay avances tangibles, ni información clara sobre el paradero de los fondos ni sobre los responsables directos. Tampoco existe un plan concreto de resarcimiento económico para las víctimas.
El daño causado por la red de Koriun no es solo financiero. Muchas personas enfrentan deudas impagables, rupturas familiares, depresión y ansiedad, luego de confiar sus ahorros, propiedades e incluso préstamos bancarios a lo que creían era una inversión segura.
Ante el silencio institucional, las víctimas advirtieron que volverán a las calles si en los próximos días no se presentan resultados concretos por parte del gobierno, el sistema judicial y los entes de regulación financiera. “Estamos desesperados. Nos dejaron solos y nadie responde”, insistieron.
