Acusan red de contratación irregular en caso del INAMI
El INAMI ha estado bajo escrutinio en los últimos años debido a denuncias previas relacionadas con su administración interna, lo que ha motivado intervenciones y procesos de investigación por parte de entidades de control.
15 de junio de 2026
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores, y varios exfuncionarios, a quienes se les señala por presunta participación en un esquema de contrataciones irregulares que habría generado perjuicio a la administración pública mediante fraude y abuso de autoridad.
El caso se enmarca en las investigaciones que las autoridades han impulsado sobre el uso de recursos públicos dentro de instituciones estatales, especialmente en áreas sensibles como la atención a menores infractores. Según las diligencias del Ministerio Público, este tipo de expedientes buscan determinar si hubo abuso de cargos, contratación de personal sin funciones reales y manejo indebido de fondos del Estado.
El INAMI ha estado bajo escrutinio en los últimos años debido a denuncias previas relacionadas con su administración interna, lo que ha motivado intervenciones y procesos de investigación por parte de entidades de control.
De acuerdo con la acusación fiscal, la exfuncionaria habría encabezado una estructura administrativa donde se habrían autorizado contrataciones que no cumplían con los procedimientos establecidos, incluyendo la incorporación de personas que, según las investigaciones, no habrían ejercido funciones reales dentro de la institución.
El expediente también señala la participación de otros exservidores públicos que habrían facilitado o permitido estas acciones, lo que derivó en la apertura de procesos judiciales por los delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio del Estado.
Entre los señalados figuran excolaboradores del instituto, algunos vinculados por presuntos nexos familiares o administrativos con la estructura investigada, lo que forma parte de las líneas de análisis del Ministerio Público para determinar responsabilidades individuales.
Las autoridades fiscales sostienen que estas prácticas habrían generado un impacto negativo en la administración pública, al comprometer recursos destinados al funcionamiento institucional y a programas de atención social.
El proceso continúa en etapa judicial, donde los implicados deberán responder ante los tribunales competentes mientras se desarrollan las audiencias correspondientes.
