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El abogado Gustavo Solórzano planteó un escenario jurídico inédito para Honduras en caso de que el país llegue al próximo 27 de enero sin una declaratoria oficial de resultados en ninguno de los niveles electivos. A través de un análisis público, el jurista alertó sobre las consecuencias constitucionales y políticas que podría generar una prolongación indefinida del actual proceso electoral.

Solórzano expuso que, a partir de la situación actual y de lo que considera señales claras de un plan en desarrollo, es necesario imaginar el impacto de no contar con resultados oficiales antes de la fecha constitucional de traspaso de poder. En ese contexto, recordó que la Constitución de la República, en su artículo 242, establece con claridad la conformación de un gobierno provisional ante la imposibilidad de instalar autoridades electas.

Según explicó, en ese escenario el jefe del gobierno provisional sería el titular de la Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia. El abogado reconoció que se trata de una figura constitucional que, aunque legal, está pensada para circunstancias excepcionales vinculadas a hechos de fuerza mayor o situaciones fortuitas, no como resultado de una crisis política o electoral prolongada.

El análisis también detalla que la misma norma constitucional ordena la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de entre cuatro y seis meses. Solórzano fue enfático al señalar que este proceso no constituiría una continuación del anterior, sino un nuevo evento electoral, con implicaciones profundas para el sistema político del país.

De acuerdo con el abogado, la convocatoria de nuevas elecciones implicaría reiniciar por completo el calendario electoral, dejando sin validez lo actuado en los comicios primarios e internos celebrados el 9 de marzo de 2025, salvo que cada partido político decida reconocerlos internamente. Esto abriría la puerta a la redefinición de candidaturas presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales, así como a la participación de partidos a los que anteriormente no se les aprobaron fórmulas.

El escenario también permitiría la formación de nuevas alianzas políticas y la aplicación de reglas distintas, lo que, a juicio de Solórzano, beneficiaría principalmente a los partidos con estructuras sólidas, verticales y disciplinadas, capaces de reorganizarse con rapidez. En contraste, las organizaciones fragmentadas o con liderazgos débiles resultarían seriamente afectadas.

El jurista advirtió además que la Constitución permite que la organización de un nuevo proceso electoral recaiga en el Consejo Nacional Electoral, el Congreso Nacional o incluso la Corte Suprema de Justicia, lo que podría reconfigurar por completo el equilibrio institucional. Para Solórzano, la ausencia de reglas claras en un escenario de esta naturaleza pone en riesgo a la democracia hondureña, favoreciendo a sectores con mayor control del aparato estatal.

Finalmente, llamó a defender la democracia desde el respeto a la ley y a la institucionalidad, subrayando que las decisiones tomadas hoy tendrán consecuencias profundas en el futuro del país. A su juicio, postergar soluciones o actuar con cálculos políticos podría llevar a un desenlace que termine afectando a la mayoría de los hondureños, en beneficio de unos pocos.