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El futuro del proceso electoral hondureño de 2025 se encuentra en un momento crítico. A pocos días de que venza el plazo legal para adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha logrado avanzar debido a bloqueos internos, lo que podría comprometer la transparencia y agilidad del escrutinio en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

El plazo establecido por ley para adjudicar el TREP vence este lunes 29 de julio, exactamente cuatro meses antes de los comicios, como lo establece el cronograma electoral. No obstante, el CNE no ha sesionado formalmente desde hace más de 20 días, y hasta ahora no se ha abierto el proceso de recepción y evaluación de ofertas técnicas para contratar a la empresa que operará el sistema.

La causa principal del estancamiento radica en la falta de quórum. Marlon Ochoa, representante del oficialismo en el CNE, se ha ausentado reiteradamente de las sesiones, mientras que Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, ya presentó su renuncia, la cual aún no ha sido aceptada por el Congreso Nacional, dejando el órgano prácticamente inoperativo. En este escenario, el único consejero activo y dispuesto a sesionar es Julio Navarro, del Partido Nacional.

Frente a este panorama, el CNE anunció que solicitará al Congreso Nacional una prórroga legal para extender el plazo de adjudicación del TREP, que requiere una mayoría calificada de 86 votos, es decir, dos tercios de los diputados. Sin embargo, el Legislativo tampoco ha sido convocado a sesiones en las últimas semanas debido a reparaciones en el hemiciclo y falta de acuerdos políticos para tratar temas urgentes como este.

El vicepresidente del Congreso, Tomás Zambrano, advirtió que si no se convoca una sesión en las próximas horas, los diputados podrían auto-convocarse, como lo permite el reglamento interno, para abordar la situación del TREP, la renuncia de Hall y el nombramiento de su reemplazo. Zambrano subrayó que ambas decisiones deben tomarse al mismo tiempo para restablecer el quórum del CNE y permitirle avanzar en los preparativos del proceso electoral.

Expertos legales consultados han señalado que si el Congreso no aprueba la prórroga, los consejeros podrían enfrentar responsabilidad administrativa o incluso penal, por no cumplir con los plazos establecidos. No obstante, aclaran que la elección no necesariamente se suspendería, ya que el conteo manual de votos seguiría siendo válido. Sin embargo, la ausencia del TREP dificultaría la entrega oportuna de resultados preliminares y podría generar tensiones y desconfianza en la ciudadanía.

El antecedente más cercano ocurrió en las elecciones de 2021, cuando el Congreso también aprobó una prórroga al plazo de adjudicación del TREP mediante decreto legislativo, dando viabilidad legal a la contratación del sistema.

Por su parte, sectores de sociedad civil, observadores internacionales y partidos políticos han comenzado a alzar la voz, exigiendo que se tomen decisiones inmediatas para garantizar la integridad y credibilidad del proceso electoral de 2025, que definirá la continuidad o alternancia en el poder en un contexto de creciente polarización.

En paralelo, el calendario electoral sigue avanzando. Las elecciones primarias de los partidos políticos están previstas para marzo de 2025, y el retraso en decisiones clave como el TREP podría tener efecto dominó en toda la planificación electoral, incluidos los procesos de capacitación, pruebas técnicas y auditoría del sistema.

A criterio de varios analistas políticos el país se encuentra ante una encrucijada institucional.

La falta de acuerdos y de acción oportuna podría minar la organización del evento democrático más importante del país. A menos que el Congreso actúe en las próximas horas, la viabilidad del sistema de transmisión de resultados queda en riesgo, con implicaciones directas sobre la transparencia del proceso y la confianza ciudadana. La pelota está ahora en la cancha del Legislativo.