920 años de prisión por tragedia en PNFAS
Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sostienen que el hecho fue previamente planificado y ejecutado utilizando armas de fuego, objetos contundentes y material inflamable.
6 de mayo de 2026
La justicia hondureña emitió una de las condenas más severas registradas en el país tras declarar culpables a 15 privadas de libertad por la muerte de decenas de internas durante la violenta masacre ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, un caso que estremeció a Honduras y dejó en evidencia la crisis del sistema penitenciario nacional.
El tribunal determinó la responsabilidad de las acusadas en el asesinato de 46 reclusas, imponiendo penas que alcanzan los 920 años de prisión para cada una, además de otras condenas relacionadas con tentativa de asesinato, incendio, asociación para delinquir y porte ilegal de armas. La resolución fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La tragedia ocurrió en junio de 2023 dentro del centro penal femenino ubicado en Támara, cuando un grupo de internas ejecutó un ataque coordinado contra privadas de libertad pertenecientes a estructuras rivales. Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sostienen que el hecho fue previamente planificado y ejecutado utilizando armas de fuego, objetos contundentes y material inflamable.
De acuerdo con los expedientes judiciales, las ahora condenadas habrían sometido inicialmente a agentes penitenciarias para tomar control de varios módulos del recinto, desactivar sistemas de vigilancia y facilitar el acceso a sectores donde se encontraban las víctimas. Posteriormente se registraron ataques armados e incendios dentro de las instalaciones, provocando la muerte de decenas de mujeres, muchas de ellas por heridas de bala, quemaduras y asfixia.
La masacre en PNFAS se convirtió en uno de los episodios más violentos en la historia reciente del sistema carcelario hondureño y generó fuertes cuestionamientos sobre el control de estructuras criminales dentro de los centros penales, el ingreso de armas y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad.
Tras la tragedia, el gobierno hondureño anunció medidas de emergencia, intervenciones penitenciarias y reformas orientadas a reducir el poder de las pandillas dentro de las cárceles. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que el hacinamiento, la corrupción y la débil vigilancia continúan siendo desafíos pendientes en el sistema penitenciario nacional.
