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Alrededor de 450 mil familias en Honduras podrían quedarse sin el subsidio a la energía eléctrica, en medio de propuestas que buscan revisar el esquema actual por supuestas fallas en su aplicación.

El subsidio energético ha sido una de las principales medidas de alivio para miles de hogares hondureños, especialmente aquellos con menor consumo eléctrico. Sin embargo, expertos han cuestionado su funcionamiento, señalando que el beneficio no siempre llega únicamente a los sectores más vulnerables.

Actualmente, el modelo también genera debate por su financiamiento, ya que parte del costo es trasladado al sector comercial e industrial, lo que termina impactando indirectamente en los precios de bienes y servicios para la población.

De acuerdo con análisis técnicos, el número de hogares que quedarían fuera del subsidio ronda los 450 mil, si se implementan cambios orientados a focalizar el beneficio únicamente en familias de bajos ingresos.

Especialistas en el sector energético advierten que el esquema vigente presenta problemas de equidad, ya que incluye a usuarios que no necesariamente requieren el apoyo estatal, lo que eleva el costo del programa y reduce su efectividad.

Otro de los puntos críticos es el mecanismo de financiamiento. En la actualidad, una parte del subsidio se sostiene mediante cargos adicionales aplicados a usuarios comerciales, un costo que suele trasladarse al consumidor final a través del encarecimiento de productos y servicios.

Ante este panorama, se plantean varias alternativas, entre ellas limitar el subsidio exclusivamente a los hogares más vulnerables o que el Estado asuma de forma directa el financiamiento, evitando distorsiones en la economía.

El futuro del subsidio se encuentra en una fase decisiva, ya que las autoridades deberán definir si mantienen el modelo actual o aplican ajustes que podrían dejar fuera a miles de familias, en un contexto marcado por presiones económicas y demandas de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.