182 centros educativos reciben títulos de propiedad
La entrega se realizó en San Pedro Sula, con la participación de autoridades nacionales y departamentales, así como representantes del sector educativo.
28 de septiembre de 2026
El Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaría de Educación entregaron títulos de propiedad en dominio pleno a 182 centros educativos ubicados en siete departamentos del país, con el propósito de brindar certeza jurídica sobre los terrenos donde funcionan y respaldar futuras acciones de mejoramiento de sus instalaciones.
La regularización de los terrenos ocupados por centros educativos permite que las comunidades escolares cuenten con documentación que acredite legalmente la propiedad de los inmuebles. El proceso abarca establecimientos de Cortés, Comayagua, Santa Bárbara, Yoro, Lempira, El Paraíso y Choluteca.
La medida también busca facilitar la gestión de proyectos de infraestructura y mantenimiento, al contar los centros con un respaldo legal sobre los espacios destinados a la educación. El trabajo forma parte de la coordinación entre el IP y la Secretaría de Educación para identificar inmuebles que aún requerían completar su proceso de regularización.
La entrega se realizó en San Pedro Sula, con la participación de autoridades nacionales y departamentales, así como representantes del sector educativo. Durante la actividad se destacó el impacto que la documentación tiene para las comunidades que utilizan estos establecimientos.
El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Alberto Torres, resaltó la importancia de que los centros educativos dispongan de los documentos que acrediten la titularidad de los terrenos donde funcionan, al considerar que esto proporciona mayor seguridad jurídica a sus instalaciones.
Los documentos fueron entregados inicialmente de manera simbólica a representantes de diferentes centros educativos. Posteriormente, los beneficiarios pudieron recibir sus respectivos títulos mediante los quioscos habilitados para ese propósito.
La regularización representa además una herramienta para que los centros puedan avanzar en procesos relacionados con infraestructura, ampliaciones, reparaciones y otras iniciativas destinadas a mejorar las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.
El proceso conjunto entre ambas instituciones contempla la identificación de terrenos que todavía no contaban con documentación que respaldara jurídicamente su uso como espacios educativos, para posteriormente avanzar con los trámites correspondientes hasta completar la titulación.
Con la incorporación de estos 182 centros al proceso de regularización, las autoridades buscan ampliar la seguridad jurídica de la infraestructura educativa y proporcionar a las comunidades una base legal que permita planificar de manera más ordenada futuras intervenciones en los establecimientos.
