Venezuela rompe con la Corte Penal Internacional
El Ejecutivo venezolano argumentó que la Corte ha actuado de manera selectiva y que sus decisiones responden a intereses políticos internacionales. Según las autoridades, los asuntos internos deben ser atendidos por las instituciones nacionales.

25 de julio de 2026
El Gobierno venezolano anunció su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que el organismo mantiene una actuación que califica como parcial y alejada de sus principios de justicia internacional.
La medida fue comunicada por autoridades venezolanas, quienes señalaron que el país dejará el Estatuto de Roma, tratado que estableció la creación del tribunal con sede en La Haya.
La relación entre Venezuela y la CPI se deterioró luego de que el organismo internacional iniciara una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. El Gobierno de Caracas ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la legitimidad del proceso.
La investigación fue abierta en 2021 tras denuncias sobre posibles abusos cometidos durante operativos de seguridad y episodios de represión política.
El Ejecutivo venezolano argumentó que la Corte ha actuado de manera selectiva y que sus decisiones responden a intereses políticos internacionales. Según las autoridades, los asuntos internos deben ser atendidos por las instituciones nacionales.
La salida del organismo no es inmediata, ya que el procedimiento establecido por el Estatuto de Roma contempla un periodo antes de que el retiro sea efectivo. Durante ese tiempo, continúan vigentes las obligaciones relacionadas con los procesos abiertos.
La decisión generó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que la CPI representa una vía internacional para las víctimas que buscan justicia ante posibles abusos.
El anuncio aumenta la tensión entre Caracas y la justicia internacional, además de abrir un nuevo debate sobre la relación entre la soberanía de los Estados y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Mientras avanza el proceso formal de salida, la investigación sobre Venezuela continuará bajo las normas establecidas por la Corte Penal Internacional.


