INTERNACIONALES

El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite a migrantes de países afectados por desastres naturales o conflictos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Aunque hasta ahora ha dejado vigente el TPS para El Salvador, país aliado en su política migratoria, Trump ha anunciado la terminación de esta protección para cerca de 76,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, además de más de 800,000 venezolanos y haitianos.

El TPS, instaurado para brindar seguridad temporal a ciudadanos desplazados, enfrenta ahora un panorama de incertidumbre y temor, ya que la cancelación deja a estos migrantes expuestos a la deportación y sin permisos laborales. Las decisiones de la Casa Blanca se basan en que las condiciones en los países de origen ya no justifican mantener el programa.

Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el TPS para seis países, incluyendo El Salvador, Honduras y Haití, lo que generó demandas legales que frenaron sus órdenes. En esa época, el mandatario usó expresiones despectivas hacia países beneficiados, como El Salvador y Haití, lo que fue interpretado como un motivo racista para la cancelación.

En su regreso al poder, Trump ha criticado las extensiones que el expresidente Biden otorgó a varios grupos protegidos, mientras mantiene el TPS para El Salvador hasta septiembre de 2026. Sin embargo, activistas como Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, advierten sobre la confusión que genera esta situación entre empleadores y autoridades, afectando renovaciones de licencias y empleos.

Casos recientes, como la detención de Rodolfo Villanueva Aguilar y su hijo en California, muestran las consecuencias humanas de la cancelación. La Casa Blanca enfrenta nuevamente batallas legales y resistencia social, mientras defensores como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, llaman a la unidad para enfrentar estos ataques.

Este contexto genera temor en la comunidad migrante sobre cuál será el próximo país en perder el TPS y subraya la fragilidad del programa frente a decisiones políticas y legales en Estados Unidos.