INTERNACIONALES

En un giro de fuerte presión política sobre Caracas, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado a las autoridades provisionales de Venezuela que deben poner fin a sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de condiciones vinculadas al manejo de su industria petrolera y la venta de crudo pesado a mercados internacionales.

La exigencia fue divulgada por funcionarios citados por la cadena ABC y ha generado reacciones inmediatas dentro y fuera de la región.

Según fuentes vinculadas con las negociaciones, la Casa Blanca considera que Venezuela debe redefinir sus alianzas económicas y diplomáticas con esas potencias antes de poder extraer y comercializar su petróleo de manera plena, reservando una posición principal a Estados Unidos en ese proceso.

La petición incluye la expulsión o reducción de la presencia política y económica de esos países en suelo venezolano, con énfasis en China y Rusia, tradicionalmente considerados aliados estratégicos de Caracas.

El senador estadounidense Marco Rubio habría detallado a legisladores que la presión de Washington se fundamenta en la situación de los tanques petroleros venezolanos, actualmente rebosantes, y en la necesidad de que Venezuela venda sus reservas para evitar problemas financieros graves en las próximas semanas. Rubio también dejó claro que estas exigencias están estrechamente ligadas a acuerdos comerciales sobre el crudo, así como a la intención de EE. UU. de favorecer su propio acceso al petróleo venezolano.

Por su parte, el senador Roger Wicker confirmó que estas medidas no incluyen el despliegue de tropas estadounidenses, lo que según Washington subraya que la estrategia está orientada a la presión diplomática y económica más que a acciones militares directas.

Sin embargo, la naturaleza de la demanda cortar vínculos con potencias con las que Venezuela ha tenido relaciones históricas marca un intento de reconfigurar profundamente las políticas internacionales del país sudamericano.

Hasta ahora, el gobierno provisional venezolano encabezado por Delcy Rodríguez no ha emitido una respuesta oficial a esta exigencia, aunque en días recientes ha negado la idea de que agentes externos estén gobernando el país y ha defendido la soberanía nacional en medio de la crisis política posterior a la captura del expresidente Nicolás Maduro.

La exigencia estadounidense ha provocado reacciones diplomáticas en otros gobiernos. China calificó la demanda como una forma de intimidación “típica” que vulnera la soberanía de Venezuela y el derecho internacional, resaltando que los acuerdos entre Caracas y Pekín se basan en cooperación bilateral y respeto mutuo. Pekín también defendió el mantenimiento de relaciones económicas legítimas entre estados independientes.

En tanto, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), varios países de la región como Colombia, Chile, México y Brasil criticaron la postura estadounidense, argumentando que una injerencia de este tipo podría amenazar la soberanía y la estabilidad regional si se llegase a imponer por la fuerza o con presión externa.

Este episodio se da en un contexto de intensa tensión geopolítica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en una operación reciente, lo que ha reconfigurado las relaciones de Caracas tanto con aliados tradicionales como con potencias occidentales y ha generado un amplio debate sobre el futuro de la política petrolera, económica y diplomática del país.