INTERNACIONALES

A cuatro meses de los devastadores movimientos telúricos que azotaron diversas regiones de Venezuela, la situación humanitaria y de infraestructura escolar continúa en un punto crítico, dejando a más de doscientos mil menores de edad sin acceso a las aulas de clases.

Las catástrofes naturales en contextos de alta vulnerabilidad estructural y económica suelen desatar crisis prolongadas que superan la capacidad de respuesta inmediata del Estado.

Cuando los centros educativos sufren daños severos o quedan completamente inhabilitados, la interrupción de los procesos de aprendizaje no solo frena el desarrollo intelectual de la infancia, sino que incrementa los riesgos de exclusión social, trabajo infantil y pérdida de espacios seguros para la niñez afectada.

Organizaciones humanitarias y reportes locales detallan que los daños ocasionados por los sismos destruyeron o comprometieron gravemente la infraestructura física de centenares de escuelas, muchas de las cuales ya presentaban un evidente deterioro previo por falta de mantenimiento institucional.

A pesar del transcurso de los meses, la escasez de recursos presupuestarios, las dificultades logísticas y la falta de un plan de reconstrucción eficiente han impedido rehabilitar los recintos escolares, obligando a miles de estudiantes a permanecer marginados del sistema educativo formal.

Ante este panorama desalentador, padres de familia, docentes y agencias internacionales de protección a la infancia han reiterado sus llamados urgentes al gobierno para que priorice la reconstrucción de los centros de estudio y establezca aulas temporales.

Se advierte que cada semana sin clases profundiza el rezago pedagógico y condena a una generación entera a sufrir las secuelas permanentes de una emergencia que aún está lejos de resolverse.