INTERNACIONALES

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha trazado como meta deportar un millón de personas en 2025, una cifra sin precedentes que ya genera dudas entre funcionarios y expertos por su viabilidad, según reveló este sábado The Washington Post.

El ambicioso objetivo, que duplicaría con creces el récord de unas 400.000 deportaciones alcanzado en 2011 bajo el Gobierno de Barack Obama, ha sido mencionado de forma reiterada en reuniones internas de agencias federales, de acuerdo con cuatro fuentes vinculadas a las autoridades migratorias consultadas por el periódico.

Para cumplir este plan, la administración Trump mantiene negociaciones con más de 30 países para aceptar la expulsión de miles de personas que no necesariamente sean ciudadanos de dichos Estados receptores. Esta estrategia incluiría deportaciones a terceros países, un enfoque que genera preocupación por su legalidad y por el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

En un ejemplo reciente de estas políticas, el 15 de marzo Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 ciudadanos venezolanos, acusándolos de presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. Aunque no se presentaron pruebas formales, el Gobierno utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1897 —una norma raramente aplicada— para justificar la deportación inmediata sin audiencia judicial.

Esta ley fue concebida para tiempos de guerra y permite la expulsión de ciudadanos extranjeros de países considerados hostiles. Su uso para casos migratorios masivos ha generado duras críticas por parte de abogados de derechos civiles y defensores de migrantes, quienes alertan de una posible vulneración de garantías constitucionales.

Aunque la retórica del presidente Trump insiste en “deportar millones”, la meta del millón de deportaciones se enfrenta a múltiples barreras prácticas:

La mayoría de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU. tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser deportados, lo que ralentiza los procesos.

El sistema de inmigración está sobrecargado y carece de recursos suficientes en personal, presupuesto y espacio en centros de detención para sostener un ritmo tan elevado de expulsiones.

Además, varios países suelen resistirse a aceptar migrantes que no sean sus nacionales, lo que complica la estrategia de deportaciones hacia terceros países.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha redoblado su agenda migratoria, haciéndola un eje central de su discurso político. Durante su campaña prometió deportar a “millones” de personas indocumentadas, y en sus primeros meses de Gobierno ya ha promovido acciones ejecutivas para facilitar detenciones y acelerar procesos de expulsión.

Sin embargo, la falta de claridad legal y la presión internacional podrían limitar los alcances reales de esta política. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los migrantes y expertos en derecho migratorio anticipan una nueva oleada de litigios para frenar lo que califican como “una ofensiva sin precedentes contra las comunidades migrantes”.