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Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron un cuarto cargo criminal contra Cole Allen, señalado por el presunto intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, un caso que continúa generando fuerte impacto político y mediático en el país norteamericano.

De acuerdo con documentos judiciales revelados esta semana, el nuevo cargo acusa al sospechoso de agredir a un agente federal utilizando un arma mortal durante el incidente ocurrido en Washington D. C. La acusación sostiene que Allen habría atacado, resistido e interferido violentamente contra personal de seguridad mientras los agentes intentaban neutralizar la amenaza durante el operativo de protección presidencial.

El caso se remonta a la noche del 25 de abril, cuando se registró un tiroteo cerca de uno de los controles de seguridad instalados en el hotel Washington Hilton, sede de la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. En el evento se encontraban presentes Donald Trump, la primera dama Melania Trump, miembros del gabinete y centenares de invitados vinculados a la política y medios de comunicación.

Según las investigaciones federales, Allen, de 31 años y originario de California, habría ingresado armado a las inmediaciones del evento portando varias armas, incluyendo una escopeta, cuchillos y municiones. Imágenes y testimonios divulgados por la Fiscalía muestran que el sospechoso logró acercarse al área restringida antes de ser detenido por agentes del Servicio Secreto y fuerzas de seguridad federales.

Inicialmente, el acusado enfrentaba tres cargos relacionados con intento de asesinato presidencial y delitos vinculados al transporte y uso ilegal de armas de fuego. Sin embargo, el gran jurado federal decidió ampliar la acusación incorporando el nuevo señalamiento por agresión contra un agente federal con arma peligrosa, un delito que podría aumentar considerablemente las penas en caso de una eventual condena.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Allen actuó de forma premeditada y que incluso habría dejado mensajes y escritos personales donde expresaba intenciones violentas contra Trump y otros altos funcionarios del gobierno. Parte de esas pruebas forman parte del expediente judicial presentado ante la corte federal de Washington.

El incidente reactivó el debate sobre la violencia política y la seguridad presidencial en Estados Unidos, especialmente luego de otros atentados y amenazas registrados durante los últimos años contra figuras políticas de alto perfil. Analistas consideran que el caso evidencia el creciente clima de polarización y tensión que atraviesa la política estadounidense.

Mientras el sospechoso permanece bajo custodia federal sin derecho a fianza, las autoridades continúan ampliando la investigación para determinar cómo logró acercarse al área de seguridad y si existieron fallas dentro de los protocolos de protección implementados durante el evento.