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El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que podría reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros involucrados en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022. La iniciativa, que ya había recibido luz verde en la Cámara de Diputados la semana pasada, contó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora se dirige a la sanción presidencial.

El proyecto plantea impedir la acumulación de penas por crímenes considerados similares, como el intento de abolición violenta del Estado democrático y el golpe de Estado. Según la medida, solo se aplicaría la pena más grave —en este caso, la de golpe de Estado, que contempla hasta 12 años de prisión— sin sumar la correspondiente al intento de abolición, que llega a ocho años.

Asimismo, la ley contempla reducir la pena cuando los delitos se cometen en masa, como ocurrió durante el asalto de simpatizantes bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023. También permite que los condenados progresen más rápido del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir al menos una sexta parte de su pena, lo que podría habilitar a Bolsonaro a abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, manteniendo restricciones parciales.

Altos mandos militares y exministros que participaron en los planes de Bolsonaro para mantenerse en el poder también podrían verse beneficiados por la medida. Durante la votación en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, se incorporó una enmienda que limita los beneficios del proyecto únicamente a quienes estuvieron involucrados en los actos golpistas posteriores a las elecciones de 2022, evitando que afecte otras sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema.

El relator del proyecto, Esperidião Amin, defendió la medida como una corrección de lo que consideró una severidad excesiva en las condenas por los actos del 8 de enero. Sin embargo, críticos sostienen que la ley podría debilitar la justicia al favorecer a responsables de atentados contra el Estado democrático de derecho.

Ahora, el proyecto será enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha señalado que podría ejercer su derecho a veto. En caso de que esto ocurra, el Congreso tiene la facultad de derribar el veto y aprobar la ley sin la firma presidencial, lo que deja abierta la posibilidad de que Bolsonaro y otros implicados vean reducidas sus penas de manera significativa.