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Andrés Guzmán, comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno de El Salvador, renunció a su cargo cerca de la medianoche del lunes, a casi dos años de haber sido nombrado. Guzmán, de nacionalidad colombiana, informó sobre su decisión a través de un mensaje en la red social X, acompañado de una carta fechada el 15 de mayo dirigida al presidente Nayib Bukele en la que oficializaba su dimisión.

En su comunicado, Guzmán expresó que cierra «un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayib Bukele». Agradeció el tiempo en el cargo y señaló que renuncia «con gratitud y admiración», reconociendo que el camino hacia cambios significativos «nunca es recto ni simple, pero siempre necesario». Añadió su compromiso de seguir avanzando hacia «futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos».

El Gobierno salvadoreño aceptó su renuncia con efecto a partir del 16 de mayo, solicitándole también el cierre de procesos y la entrega de expedientes relacionados con su gestión.

Esta renuncia se produce en un contexto tenso, marcado por la detención de al menos tres activistas, entre ellos Ruth López, jefa Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal; el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, y José Ángel Pérez, presidente de una cooperativa campesina. Estos arrestos han generado preocupación en círculos locales e internacionales sobre la situación de derechos humanos en el país.

Durante su gestión, Guzmán negó reiteradamente las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y ataques contra la libertad de prensa en El Salvador, a pesar de múltiples informes y denuncias de organizaciones locales e internacionales. En una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2023, afirmó que no existían pruebas de torturas, violaciones a la libertad de expresión ni acoso a periodistas en el país. También aseguró que no había denuncias formales ante la Fiscalía ni Procuraduría por agresiones a periodistas, a pesar de las denuncias presentadas por espionaje con el software Pegasus.

En julio de 2024, Guzmán defendió ante la CIDH la postura oficial de que en las cárceles salvadoreñas no se realizan torturas ni se asesina a personas detenidas, rechazando las denuncias que contrastan con la situación reportada por organismos de derechos humanos.

Su renuncia se interpreta en un momento de alta sensibilidad política y social en El Salvador, mientras el Gobierno de Bukele mantiene una línea firme en materia de seguridad y política interna, y las críticas internacionales por la situación de derechos humanos persisten.