INTERNACIONALES

El presidente de Gustavo Petro generó polémica al calificar las cárceles de El Salvador como “campos de concentración de población civil”, en referencia al sistema penitenciario implementado bajo el gobierno de Nayib Bukele.

Las declaraciones del mandatario colombiano surgen en medio del debate internacional sobre el modelo de seguridad salvadoreño, basado en un régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las pandillas. Esta política ha permitido miles de capturas y el endurecimiento de medidas penales, incluyendo detenciones masivas y la ampliación de facultades a fuerzas de seguridad.

Diversos organismos de derechos humanos han advertido sobre posibles abusos, como arrestos arbitrarios, falta de debido proceso y condiciones carcelarias cuestionadas, mientras el gobierno salvadoreño defiende su estrategia asegurando que ha reducido significativamente la violencia en el país.

Según lo expuesto por Petro, en estos centros penitenciarios habría personas detenidas sin pruebas suficientes o sin vínculos comprobados con estructuras criminales, lo que —a su juicio— convierte el sistema en un mecanismo de castigo colectivo.

El gobernante colombiano también criticó que este tipo de políticas puedan generar respaldo popular pese a sus implicaciones, al considerar que alimentan ciclos de violencia y vulneraciones a derechos fundamentales.

En paralelo, organizaciones civiles han reportado que cientos de personas han fallecido bajo custodia estatal desde la implementación del régimen, lo que mantiene el tema en el centro de la discusión regional.

Mientras tanto, la administración de Bukele continúa defendiendo su modelo de seguridad, respaldado por altos niveles de aprobación interna, en un contexto donde otros países de la región observan con atención sus resultados y posibles repercusiones a largo plazo.