INTERNACIONALES

El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, luego de confirmarse que el país norteamericano concedió asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El anuncio fue hecho por el canciller peruano Hugo de Zela, quien calificó la decisión mexicana como un “acto inamistoso” y lamentó que el gobierno de ese país haya intervenido, en repetidas ocasiones, en los asuntos internos de Perú.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México. Esta decisión se toma frente a un acto inamistoso y ante las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”, expresó De Zela durante una conferencia de prensa.

Según informó la Cancillería, el Gobierno peruano tuvo conocimiento de que Betssy Chávez se encuentra en la embajada mexicana en Lima, desde donde habría solicitado protección diplomática. Chávez, exjefa del Gabinete durante los últimos meses del gobierno de Castillo, es considerada por la Fiscalía presunta coautora del intento de autogolpe que buscaba disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial.

“Lamentamos profundamente que el Gobierno mexicano persista en una posición equivocada e inaceptable que nos obliga a tomar esta medida drástica con un país con el que hasta hace poco manteníamos una relación fraternal”, agregó el canciller.

De Zela subrayó que la ruptura no implica el cierre de los servicios consulares, los cuales seguirán activos para atender a ciudadanos peruanos y mexicanos en ambos países.

Betssy Chávez fue detenida en 2023 tras ser señalada por el Ministerio Público como una de las impulsoras de las decisiones inconstitucionales de Castillo. Sin embargo, fue liberada en septiembre pasado tras una resolución del Tribunal Constitucional, que declaró arbitraria su detención.

Durante su tiempo en prisión, Chávez protagonizó una huelga de hambre de 12 días, alegando persecución política. Su salida del centro penitenciario coincidió con un periodo de creciente tensión diplomática entre Lima y Ciudad de México, debido a los constantes pronunciamientos de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum en defensa de Castillo, a quien consideran víctima de un golpe parlamentario.

La medida adoptada por Perú marca un nuevo capítulo en el distanciamiento político entre ambas naciones, que ya habían experimentado roces tras la destitución de Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte, a quien México se ha negado a reconocer plenamente como presidenta legítima.

La ruptura implica el retiro del personal diplomático acreditado en ambos países, aunque el intercambio consular continuará funcionando para proteger los derechos de los ciudadanos de cada nación.

Analistas internacionales coinciden en que esta decisión tendrá efectos en el comercio bilateral, la cooperación cultural y los vínculos regionales dentro de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde ambos países mantienen presencia activa.

Por su parte, desde México, aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida adoptada por el gobierno peruano. No obstante, fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano aseguran que el país mantendrá su postura de respeto al derecho de asilo, amparado en la Convención de Caracas de 1954, un instrumento histórico de protección diplomática en América Latina.

La relación entre Perú y México ha sufrido un deterioro constante desde diciembre de 2022, cuando Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso y fue posteriormente detenido. Desde entonces, tanto López Obrador como Sheinbaum han cuestionado la legitimidad del actual gobierno peruano, generando una escalada diplomática que culmina ahora con la ruptura oficial de relaciones.

Esta medida no solo refleja el aislamiento internacional progresivo de la administración de Boluarte, sino también el reacomodo político en la región, donde los gobiernos de izquierda y derecha siguen marcando profundas divisiones sobre los procesos de legitimidad democrática y derechos políticos.