INTERNACIONALES

Una organización de derechos humanos con sede en Noruega, Iran Human Rights (IHRNGO), informó que al menos 648 personas han muerto durante las protestas antigubernamentales que se desataron en Irán a finales de diciembre de 2025.

La ONG también alertó que miles de detenidos podrían enfrentar ejecuciones, advirtiendo sobre un incremento del riesgo de sanciones extremas contra quienes participan en las manifestaciones.

Según el reporte, estas muertes se han registrado en 14 de las 31 provincias del país, y entre las víctimas se encuentran niños y adolescentes, aunque se están verificando las edades exactas.

La información fue corroborada mediante dos fuentes independientes, dada la dificultad de acceso a datos confiables por el apagón de internet implementado por el régimen, que limita la comunicación y la cobertura de medios locales e internacionales.

Las manifestaciones comenzaron como una respuesta a la profunda crisis económica, la inflación, la devaluación de la moneda y el aumento del costo de productos básicos, pero rápidamente se convirtieron en un movimiento más amplio contra las políticas del gobierno.

Ciudades como Teherán, Isfahán, Mashhad y Shiraz han sido epicentros de las protestas, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La ONG denunció que entre los aproximadamente 10,000 detenidos, muchos podrían enfrentar sentencias de muerte bajo cargos como “terrorismo” o “actos contra el Estado”, en juicios que en varios casos se han llevado a cabo de manera sumaria y sin garantías procesales, lo que ha generado alarma internacional.

Los informes también mencionan que algunas fuerzas de seguridad han perdido la vida en los enfrentamientos, aunque las autoridades no han publicado cifras oficiales.

Esto refleja la gravedad de la represión estatal, que busca frenar las protestas mediante medidas de intimidación y control estricto de la información.

Organizaciones internacionales, incluidos grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, han instado a Irán a detener la violencia y garantizar los derechos fundamentales, pidiendo acceso de manera inmediata para periodistas y observadores internacionales.

La situación, advierten, pone en riesgo no solo a los manifestantes sino también la estabilidad social y política del país.

Este nuevo balance de víctimas muestra que Irán enfrenta una de las crisis sociales más intensas de las últimas décadas, con consecuencias humanitarias significativas y un creciente aislamiento internacional. La comunidad global sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, especialmente ante la posibilidad de ejecuciones masivas de detenidos, que aumentarían la presión sobre el régimen.