INTERNACIONALES

Esta ley se enmarca en un contexto regional donde varios gobiernos han aumentado el control sobre las organizaciones civiles y de derechos humanos, alegando que reciben financiamiento extranjero para influir en asuntos internos.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha adoptado diversas medidas polémicas contra la oposición y la sociedad civil, lo que ha generado preocupaciones sobre retrocesos en la democracia y el respeto a las libertades fundamentales.

Las oenegés advierten que la nueva ley no solo restringirá su capacidad operativa, sino que también perjudicará a las comunidades vulnerables que dependen de sus servicios. La experiencia de Nicaragua se menciona como un precedente negativo que alerta sobre posibles consecuencias futuras.

Decenas de organizaciones no gubernamentales (oenegés) de El Salvador rechazaron este miércoles la nueva ley aprobada por el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele, que las obliga a registrarse como «agentes extranjeros» y a pagar un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciban.

La ley, aprobada el martes y que entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, establece la creación de un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), en el cual todas las oenegés deberán inscribirse obligatoriamente.

Verónica Reyna, representante de la ONG Servicio Social Pasionista, leyó una declaración firmada por 70 organizaciones que exige el veto o la derogación de la ley, al considerarla una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura de las oenegés.

Por su parte, la diputada oficialista Suecy Callejas defendió la medida, argumentando que en El Salvador «no había existido un marco jurídico» para las entidades financiadas por agentes extranjeros.

Sin embargo, las oenegés advirtieron que esta legislación afectará negativamente a las comunidades más vulnerables, que dependen de sus programas de salud comunitaria y prevención de violencia contra mujeres y niñas.

Reyna agregó que, aunque las oenegés ya están registradas legalmente en el país, la nueva ley crea un registro adicional de carácter obligatorio que podría usarse para restringir o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas para el gobierno.

Como ejemplo, mencionó la situación en Nicaragua, donde desde 2018 el gobierno de Daniel Ortega ha clausurado más de 5,600 oenegés y expropiado sus bienes.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, calificó la ley como parte de una «arremetida» del gobierno de Bukele contra defensores del medio ambiente y los derechos humanos.

«Es un paso más en la creciente profundización del miedo y el deseo de silenciar las voces que piden por un medio ambiente y por el respeto a sus derechos», afirmó Santos.