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El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, anunció la expropiación del colegio San José, propiedad de la Congregación Hermanas Josefinas, ubicado en Jinotepe, Carazo.

Según Murillo, el centro educativo será rebautizado como “Bismarck Martínez” en honor a un militante sandinista fallecido durante las manifestaciones antigubernamentales de abril de 2018, y pasará a formar parte del sistema público con educación gratuita para aproximadamente 600 estudiantes.

Murillo defendió la medida alegando que el colegio San José fue escenario de torturas y asesinatos cometidos por opositores al Gobierno durante las protestas de 2018, aunque no presentó pruebas ni testimonios que respalden estas afirmaciones.

La funcionaria destacó que el centro, con más de cuatro décadas de trayectoria, será sometido a trabajos de mantenimiento y readaptación antes de su reapertura bajo la administración estatal.

Este no es el primer establecimiento educativo o inmueble religioso expropiado por el Ejecutivo nicaragüense. En enero pasado, el Gobierno confiscó dos propiedades de la Iglesia Católica: el seminario San Luis Gonzaga y el centro de retiro espiritual La Cartuja, en un contexto de creciente tensión entre Managua y el Vaticano.

Desde 2018, la relación entre el régimen sandinista y la Santa Sede se ha deteriorado debido a expulsiones de sacerdotes y obispos, restricciones a actividades religiosas y acusaciones mutuas de interferencia política.

La expropiación del colegio refleja la política del Gobierno nicaragüense de consolidar el control sobre instituciones históricamente vinculadas a la Iglesia, en un marco de confrontación con sectores religiosos y críticos del Ejecutivo.

La medida ha sido observada con preocupación por organismos internacionales que denuncian violaciones a la propiedad y a la libertad religiosa en el país.