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Nicaragua elimina más ONG y reduce espacio cívico
La decisión fue oficializada a través de un acuerdo del Ministerio del Interior, que dispuso la eliminación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, muchas de ellas de carácter internacional, religioso y social.
2 de mayo de 2026
El Gobierno de Nicaragua ordenó la cancelación de 12 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo entidades con vínculos en Estados Unidos y Canadá, en una medida que sigue ampliando el cierre de espacios para la sociedad civil en el país.
La decisión fue oficializada a través de un acuerdo del Ministerio del Interior, que dispuso la eliminación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, muchas de ellas de carácter internacional, religioso y social.
Las autoridades argumentaron que la disolución responde a solicitudes voluntarias de las propias organizaciones, principalmente por falta de recursos económicos para continuar operando.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y analistas advierten que estas medidas forman parte de un proceso más amplio de restricción del espacio cívico, que se ha intensificado desde las protestas sociales registradas en 2018.
Desde entonces, el número de asociaciones canceladas ha superado las 5,600, reduciendo significativamente la presencia de organizaciones independientes en el país y dejando activos solo una fracción de los grupos que existían anteriormente.
Entre las entidades afectadas figuran organizaciones dedicadas a labores humanitarias, salud, educación y asistencia comunitaria, así como fundaciones vinculadas a cooperación internacional. La resolución también incluye organizaciones religiosas y proyectos sociales que operaban en distintas regiones del país.
El acuerdo establece que las autoridades deberán proceder con la liquidación de bienes y activos de estas entidades conforme a la normativa vigente, lo que implica el traspaso o administración de sus recursos bajo control estatal.
Mientras el Gobierno sostiene que las cancelaciones cumplen con la legislación nacional y responden a procesos internos de las organizaciones, voces críticas señalan que el impacto trasciende lo administrativo, afectando servicios esenciales que beneficiaban a comunidades vulnerables.
El alcance de estas medidas abarca sectores diversos, desde iniciativas médicas hasta proyectos educativos y comunitarios, lo que, según expertos, podría tener consecuencias directas en el acceso a servicios básicos en varias zonas del país.
La decisión vuelve a colocar a Nicaragua en el foco internacional, en medio de cuestionamientos sobre el estado de las libertades civiles y el funcionamiento de organizaciones independientes dentro de su territorio, en un contexto político que continúa generando debate en la región.