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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma constitucional que permite al Estado otorgar concesiones para la construcción y operación de un canal interoceánico, un proyecto de gran envergadura impulsado por el presidente Daniel Ortega. La enmienda fue ratificada de manera unánime en segunda y definitiva votación, consolidando un marco legal para el desarrollo de esta ambicioso infraestructura en el país centroamericano.

La reforma establece que cualquier decisión sobre el canal, ya sea para su aprobación, modificación o derogación, requerirá el voto del 60% de los 91 diputados del Parlamento, dominado por el oficialismo sandinista. Asimismo, señala que los recursos naturales son patrimonio nacional y que su explotación debe realizarse bajo criterios de racionalidad y respeto por el medio ambiente.

El pasado 18 de noviembre, Ortega presentó una nueva ruta para el canal interoceánico, la cual sustituye el plan original de atravesar el Gran Lago o Lago Cocibolca. La nueva propuesta contempla un trayecto de 445 kilómetros que incluye el Lago Xolotlán y conecta un puerto en Bluefields, en el Caribe, con otro en Corinto, en el Pacífico. Esta ruta requeriría la construcción de esclusas en ambas costas y un lago artificial denominado "El Escondido".

El anuncio de esta ruta coincide con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que responsabilizó al Estado nicaragüense por violar derechos de comunidades indígenas al no realizar consultas ni estudios ambientales en proyectos relacionados con el canal interoceánico en el pasado.

El proyecto canalero ha sido objeto de controversia desde su concepción. En mayo de 2024, después de 12 años de inactividad, el Gobierno revocó la concesión otorgada a la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, liderada por el empresario Wang Jing. Esa iniciativa, que incluía la construcción de puertos y exclusas, se estancó por problemas financieros y oposición local e internacional.

Ortega, sin embargo, mantiene vivo el sueño de construir esta vía interoceánica, una idea que se remonta al siglo XIX y que, según él, fue planteada originalmente por estadounidenses y británicos. Aunque sigue siendo un proyecto cuestionado por ambientalistas, opositores y analistas económicos, el Gobierno insiste en que el canal es una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo y atraer inversiones nacionales y extranjeras, asegurando que se respetará la soberanía y los derechos laborales.

Con la aprobación de esta reforma constitucional, Nicaragua da un paso hacia la materialización de un proyecto que podría redefinir su posición geopolítica en la región, aunque no sin enfrentar numerosos retos técnicos, financieros y legales.