INTERNACIONALES

Casi uno de cada tres cigarrillos consumidos en América proviene del mercado ilegal, una situación que enciende alertas por su impacto en la economía, la salud pública y el fortalecimiento de redes criminales en la región.

Un reciente informe sobre el consumo ilícito de tabaco en América Latina y Canadá revela que el 31.9 % de los cigarrillos consumidos en la región son de contrabando, consolidando a esta zona como uno de los principales focos del comercio ilegal de tabaco a nivel mundial.

El estudio también estima que durante 2025 se consumieron cerca de 77 mil millones de cigarrillos ilícitos, lo que generó pérdidas fiscales por alrededor de 8,500 millones de dólares, afectando especialmente a países como Brasil, México y Canadá.

Este fenómeno ha ido en aumento en la última década, impulsado por factores como altos impuestos, controles desiguales entre países y la presencia de estructuras criminales que aprovechan las brechas regulatorias.

El crecimiento del contrabando no solo impacta las finanzas públicas, sino que también debilita los esfuerzos de salud pública, ya que estos productos no cumplen con regulaciones sanitarias ni advertencias obligatorias para los consumidores.

Además, las autoridades advierten que el comercio ilícito de cigarrillos suele estar vinculado a otras actividades ilegales, lo que convierte este mercado en una fuente de financiamiento para redes delictivas en distintos países de la región.

En Centroamérica, el problema adquiere dimensiones aún mayores. Estudios previos señalan que en países como Honduras y Guatemala el consumo de cigarrillos de contrabando puede alcanzar hasta el 40 %, superando el promedio regional.

Especialistas coinciden en que enfrentar este fenómeno requiere fortalecer los controles fronterizos, mejorar la trazabilidad de los productos y aplicar políticas coordinadas entre países, ya que el contrabando opera a través de redes transnacionales difíciles de contener de manera aislada.

El desafío, sin embargo, sigue siendo complejo: equilibrar las políticas fiscales y de salud sin incentivar el crecimiento de un mercado ilegal que continúa expandiéndose en toda América.