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Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas este sábado 3 de enero de 2026, las autoridades estadounidenses han confirmado los delitos específicos que ambos deberán enfrentar en tribunales federales de Nueva York.

La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, detalló que tanto Maduro como Flores han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de cargos de extrema gravedad relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Según la acusación, los cargos contra la pareja incluyen conspiración de narcoterrorismo, vinculada a actividades destinadas a utilizar redes de tráfico de drogas para financiar acciones criminales, así como conspiración para la importación de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos.

Las imputaciones también abarcan posesión y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos, lo que eleva la gravedad del caso ante la justicia estadounidense.

Estas acusaciones representan uno de los procedimientos judiciales más contundentes emprendidos contra un jefe de Estado en funciones y a su círculo directo, reflejando años de tensiones entre Washington y Caracas por presuntos vínculos del gobierno venezolano con redes internacionales de narcotráfico y violencia transnacional.

Además de los cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas, la imputación por posesión ilegal de armamento pesado subraya cómo las autoridades estadounidenses interpretan que estos delitos ponían en riesgo la seguridad de Estados Unidos y sus ciudadanos.

Tras su captura, tanto Maduro como Flores serán trasladados a tribunales en Nueva York para enfrentar el debido proceso, en un caso que ha desatado reacciones intensas a nivel internacional, con denuncias sobre la legalidad y la soberanía de la acción militar, así como con aliados y críticos que debaten sobre sus implicaciones políticas y diplomáticas en la región.

Este desarrollo judicial añade una nueva dimensión al hecho histórico de la captura, que no solo representa una ruptura en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, sino también el inicio de un proceso legal que podría definir la responsabilidad penal de figuras de alto perfil acusadas de crímenes graves contra la ley estadounidense.