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Un juez federal en Estados Unidos resolvió restringir el acceso a las pruebas en el proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, al impedir que su equipo legal comparta ese material con otros acusados que aún no han sido detenidos.

El caso se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y su esposa enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos federales. La investigación forma parte de un expediente más amplio que también involucra a figuras del oficialismo venezolano, entre ellas Diosdado Cabello, señalado como coacusado en el proceso, pero sin comparecer ante la justicia estadounidense.

Este tipo de restricciones suele aplicarse en casos complejos cuando existen riesgos para testigos o para el desarrollo de la investigación, especialmente si hay implicados que permanecen en libertad o fuera de la jurisdicción del tribunal.

La decisión fue tomada por el juez federal Alvin Hellerstein, quien atendió una solicitud de la Fiscalía para limitar la divulgación del material probatorio. En su resolución, estableció que las evidencias no podrán ser compartidas con acusados que no han sido arrestados ni con sus abogados.

El magistrado argumentó que no es necesario que la defensa distribuya este material a terceros para preparar su estrategia legal, respaldando así la postura del Ministerio Público.

Entre los señalados que quedarían fuera del acceso a las pruebas figuran altos funcionarios venezolanos que continúan en libertad, lo que ha sido considerado por la Fiscalía como un posible riesgo para la integridad del proceso, incluyendo la protección de testigos y la confidencialidad de la evidencia.

El caso judicial ha generado atención internacional debido a la magnitud de los cargos y al perfil de los implicados, además de las implicaciones políticas que conlleva. La defensa ha cuestionado diversas decisiones dentro del proceso, mientras que la Fiscalía insiste en la necesidad de mantener controles estrictos sobre la información sensible.

Esta medida se enmarca en la fase de preparación del juicio, donde se define el manejo de las pruebas y los alcances del acceso a la información. En este tipo de procesos, las restricciones buscan evitar filtraciones o posibles interferencias externas que puedan comprometer el desarrollo del caso.

Con la resolución, el tribunal refuerza el control sobre el expediente judicial, en un proceso que continúa avanzando y que podría prolongarse debido a su complejidad y al número de personas involucradas.