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Un juzgado de Perú ordenó el archivo definitivo del proceso penal por lavado de activos y organización criminal que enfrentaba la dirigente política Keiko Fujimori, actual candidata presidencial, por su presunta vinculación con aportes ilegales a campañas electorales pasadas, según resoluciones judiciales difundidas en Lima.

La decisión fue tomada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que actuó en cumplimiento de una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC).

El fallo del TC había declarado que los hechos imputados en el caso conocido como “Caso Cócteles” carecían de base penal conforme al principio de legalidad, debido a que las normas sobre lavado de activos con determinadas agravantes no estaban vigentes al momento en que habrían ocurrido los presuntos delitos.

La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, anunció la resolución a través de su cuenta en la red social X y sostuvo que “no hubo lavado de activos ni organización criminal” en contra de su defendida, calificando el proceso como carente de sustento legal y un error en su desarrollo.

El archivo definitivo implica que se levantan las medidas judiciales de carácter personal y patrimonial que pesaban sobre Fujimori y otros miembros del partido Fuerza Popular involucrados, aunque el tribunal dejó pendientes otras imputaciones menores, como los cargos por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, los cuales podrían ser objeto de nuevos pronunciamientos de la Fiscalía.

El proceso original se había iniciado en torno a supuestas irregularidades en el financiamiento de las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016, con la Fiscalía pidiendo penas de hasta 30 años de prisión en etapas anteriores. El juicio había sido anulado y devuelto a instancias previas antes de llegar a esta decisión de archivo definitivo.

La resolución llega en un momento político delicado en Perú, cuando Fujimori se encuentra compitiendo por la presidencia en las elecciones generales programadas para abril de 2026, y marca un giro importante en un caso que había dominado la agenda judicial y mediática del país en los últimos años.

Además, paralelamente, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público determinó la suspensión temporal de seis meses del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lideró la acusación contra Fujimori, por presuntas faltas administrativas graves relacionadas con su actuación en este caso.

Este archivo definitivo ha generado reacciones en distintos sectores, entre quienes celebran la decisión como una victoria judicial para la candidata y aquellos que advierten sobre el impacto de este tipo de resoluciones en la percepción de la lucha contra la corrupción en el país.