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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dejó abierta la posibilidad de que el Departamento de Justicia investigue a congresistas demócratas que han anunciado procesos de fiscalización y posibles juicios políticos contra funcionarios de la administración republicana.

Sus declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump ordenara revisar las actuaciones de legisladores opositores, a quienes acusa de utilizar las amenazas de destitución como mecanismo de presión política.

La confrontación política aumentó después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, cuando los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. Con esta nueva mayoría, los legisladores opositores tendrán mayores facultades para solicitar documentos, citar funcionarios, organizar audiencias e investigar decisiones del Gobierno.

Entre los asuntos que pretenden revisar figuran posibles irregularidades administrativas, contratos federales, relaciones empresariales de la familia Trump y actuaciones de diferentes funcionarios durante su gestión.

Blanche manifestó durante entrevistas televisivas que las investigaciones del Congreso forman parte de sus atribuciones constitucionales, pero cuestionó el lenguaje utilizado por algunos representantes demócratas al anunciar futuras acciones contra integrantes del Gobierno.

El funcionario evitó confirmar si existe una investigación penal formal contra los legisladores y tampoco identificó qué disposiciones legales podrían haberse infringido. Sin embargo, sostuvo que cualquier posible responsabilidad dependerá de las declaraciones y actuaciones que sean examinadas por las autoridades.

La controversia comenzó cuando Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que calificó como extorsión las advertencias de los demócratas sobre posibles investigaciones y procedimientos de destitución. En esa misma publicación, ordenó al Departamento de Justicia revisar lo que consideró una conducta delictiva.

Uno de los nombres mencionados por el mandatario fue el de la senadora Elissa Slotkin, quien había defendido la necesidad de investigar a funcionarios que, a su criterio, hayan participado en decisiones ilegales o utilizado recursos públicos para beneficio personal.

Por su parte, el representante demócrata Robert Garcia, quien asumirá la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, rechazó las advertencias y aseguró que su partido continuará examinando las actuaciones de la administración republicana.

La disputa también involucra al secretario de Defensa, Pete Hegseth, contra quien algunos legisladores promueven un procedimiento de destitución. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, manifestó su respaldo a esta iniciativa.