INTERNACIONALES

El gobierno de Filipinas anunció la reducción y suspensión de impuestos sobre productos derivados del petróleo como parte de una estrategia urgente para contener el impacto de la crisis energética que golpea al país y a otras economías dependientes del crudo.

La medida se produce en medio de un escenario internacional marcado por tensiones en Oriente Medio que han disparado los precios del petróleo y afectado el suministro global. Filipinas, altamente dependiente de las importaciones de crudo, ha sido uno de los países más vulnerables, incluso declarando estado de emergencia energética semanas atrás.

Ante este panorama, el presidente Ferdinand Marcos Jr. activó mecanismos legales que le permiten reducir o suspender impuestos sobre combustibles como el gas licuado de petróleo (GLP) y el queroseno, con el objetivo de aliviar la presión económica sobre hogares y sectores productivos.

La decisión busca mitigar el alza sostenida en los precios de los combustibles, que ha repercutido directamente en el costo del transporte, la generación de energía y la canasta básica. Autoridades han señalado que la reducción fiscal permitirá contener parcialmente el impacto en los consumidores, especialmente en los sectores más vulnerables.

El Ejecutivo filipino explicó que la medida es de carácter temporal y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones adversas en el mercado energético internacional. Asimismo, no se descarta la implementación de nuevas acciones complementarias, como subsidios dirigidos y programas de asistencia para el transporte público y sectores productivos.

Especialistas advierten que, si bien la reducción de impuestos puede ofrecer un alivio inmediato, también implica una disminución en los ingresos del Estado, lo que podría afectar la sostenibilidad fiscal si la crisis se prolonga. A nivel global, varios países han optado por estrategias similares para amortiguar el impacto del encarecimiento energético.

En paralelo, el gobierno filipino continúa explorando alternativas para asegurar el abastecimiento de combustible, incluyendo acuerdos con nuevos proveedores y la diversificación de fuentes energéticas.

La medida refleja la presión que enfrentan las economías altamente dependientes del petróleo importado, en un contexto donde la volatilidad de los precios y los conflictos internacionales siguen condicionando el acceso a la energía y elevando el costo de vida de la población.