El Salvador renueva por 30 días más el régimen de excepción contra pandillas
30 de enero de 2026
La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este jueves una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, una medida que el Gobierno mantiene desde marzo de 2022 para enfrentar la violencia de las pandillas en el país.
La extensión, aprobada por 57 de los 60 diputados presentes, se aplicará hasta el 1 de marzo de 2026, según el decreto oficial leído en el pleno legislativo.
El régimen de excepción, que ha sido renovado de manera continua por el Congreso dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas, suspende ciertas garantías constitucionales para las fuerzas de seguridad con el objetivo de facilitar la detención y procesamiento de miembros de grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS‑13) y Barrio 18.
De acuerdo con las autoridades, esta medida ha sido clave para debilitar las estructuras del crimen organizado y permitir operaciones más amplias de las fuerzas de seguridad.
El texto del decreto destaca además la cooperación con Estados Unidos y otros países de la región para la captura de presuntos pandilleros y el intercambio de inteligencia.
El contexto regional también influyó en la decisión de los legisladores salvadoreños.
Hechos recientes de violencia asociados a pandillas en países vecinos, como el ataque coordinado en el que murieron policías en Guatemala el 18 de enero, fueron mencionados por los parlamentarios como evidencia de que la amenaza criminal continúa activa en la región.
Desde su implementación hace casi cuatro años, el régimen de excepción ha derivado en la detención de más de 91 000 personas señaladas de pertenecer o colaborar con pandillas, según cifras oficiales, y ha ampliado los plazos de detención administrativa sin orden judicial mientras se investiga a los sospechosos.
Aunque el Gobierno de Nayib Bukele ha defendido la medida como parte esencial de su estrategia de seguridad responsable, según sus cifras, de una drástica reducción en los homicidios y el restablecimiento del orden, organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a garantías fundamentales en el marco de las extensiones anteriores del estado de excepción.
La renovación de este régimen se da en medio de un debate sostenido sobre equilibrar la seguridad y el respeto a los derechos humanos, un tema que continúa generando controversia tanto dentro como fuera de El Salvador mientras las autoridades centran sus esfuerzos en neutralizar la influencia y operaciones de las pandillas.
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