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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ampliación de 30 días al régimen de excepción, una medida que permanece vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas. La prórroga recibió 57 votos de los 60 diputados y mantiene las disposiciones extraordinarias aplicadas durante la ofensiva de seguridad.

La decisión se conoce mientras organizaciones defensoras de derechos humanos vuelven a cuestionar las condiciones en los centros penitenciarios. Una de estas entidades elevó a 564 el número de personas que, según sus registros, han muerto bajo custodia estatal después de ser detenidas durante la vigencia de la medida.

El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022, después de una ola de homicidios que provocó una respuesta extraordinaria del Gobierno de Nayib Bukele. Desde entonces, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, ha aprobado sucesivas prórrogas.

La estrategia ha sido defendida por el Gobierno como uno de los principales instrumentos para reducir la violencia y desarticular a las estructuras criminales. Las autoridades salvadoreñas sostienen que la continuidad de las medidas es necesaria para mantener los resultados alcanzados en materia de seguridad.

La renovación del régimen ocurre paralelamente a nuevos señalamientos sobre la situación de las personas detenidas. Socorro Jurídico Humanitario, organización que documenta casos relacionados con el régimen, ha informado durante 2026 de un incremento progresivo en el número de fallecidos bajo custodia.

A comienzos de agosto, la organización reportaba 554 muertes y señalaba que muchas de las víctimas habrían fallecido por presuntos malos tratos o por falta de atención médica. El Gobierno salvadoreño no había emitido entonces una respuesta pública específica sobre esa cifra.

Las denuncias también han puesto el foco en personas que, según las organizaciones, no tenían vínculos comprobados con pandillas. Un informe previo de Socorro Jurídico sostuvo que el 94 % de los fallecidos registrados por la entidad no presentaba vínculos con estructuras criminales.

Estas afirmaciones corresponden a los registros de la organización y no a una cifra oficial del Estado.

En la argumentación presentada ante la Asamblea, el Gobierno sostuvo que mantener el régimen permite prolongar las acciones que, según su evaluación, han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad del país.

La medida continúa siendo objeto de controversia dentro y fuera de El Salvador. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a garantías constitucionales y presuntos abusos en centros penitenciarios. Amnistía Internacional ha señalado que las denuncias acumuladas durante estos años requieren investigaciones y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.