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El Salvador avala cadena perpetua
La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó una reforma constitucional que permite la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves, consolidando un cambio significativo en el sistema penal del país.
27 de marzo de 2026
La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó una reforma constitucional que permite la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves, consolidando un cambio significativo en el sistema penal del país.
La medida forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, especialmente bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las pandillas. En este escenario, el Congreso —con amplia mayoría oficialista— ha promovido reformas aceleradas a la Constitución, incluyendo mecanismos que permiten su aprobación y ratificación en una misma legislatura.
La reforma fue ratificada con una amplia mayoría en el Congreso, donde la mayoría de diputados respaldaron la iniciativa que modifica el artículo 27 de la Constitución. Con este cambio, se habilita la pena de prisión perpetua para personas condenadas por delitos como homicidio, violación y actos vinculados al terrorismo.
El nuevo marco legal establece que esta sanción será aplicada exclusivamente a estos delitos considerados de alta gravedad, manteniendo la prohibición de otras penas que atenten contra la dignidad humana. La normativa entrará en vigencia tras su publicación oficial, completando así el proceso legislativo requerido.
La ratificación ocurre pocos días después de la aprobación inicial de la reforma, en un procedimiento que ha sido posible gracias a cambios recientes en el mecanismo constitucional, que ahora permite modificaciones en un solo periodo legislativo, a diferencia del modelo anterior que requería dos legislaturas.
Desde el oficialismo, la medida ha sido presentada como una herramienta para endurecer las penas contra delitos graves y reforzar la lucha contra la criminalidad, particularmente contra las estructuras de pandillas que han sido señaladas como responsables de altos índices de violencia en el país durante años.
No obstante, la reforma también ha generado cuestionamientos por parte de sectores críticos, que advierten sobre posibles implicaciones en materia de derechos humanos y el impacto que podría tener en el sistema judicial, especialmente en un contexto donde se mantienen políticas de seguridad excepcionales.
Cabe señalar que, antes de esta modificación, la legislación salvadoreña establecía límites a la duración de las penas privativas de libertad, por lo que la introducción de la cadena perpetua representa un giro relevante en la política penal del país y en la forma de sancionar los delitos más graves.
En términos generales, la decisión del Congreso marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad salvadoreña, consolidando un enfoque más riguroso en la aplicación de la justicia penal, en medio de un debate regional sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.