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El Salvador alcanza cuatro años en estado excepcional
Bajo esa figura legal se mantiene vigente la restricción de garantías como la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho de defensa en algunos casos y la posibilidad de detención administrativa por hasta 15 días, entre otras disposiciones.
25 de febrero de 2026
El país centroamericano está a punto de cumplir cuatro años bajo un régimen de excepción tras la aprobación de una nueva prórroga por parte de la Asamblea Legislativa, prolongando por otro mes la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales que entró en vigor en marzo de 2022.
La medida fue adoptada con 57 votos a favor y solo una abstención, representando la 48.ª extensión de este régimen especial implementado originalmente en respuesta a un repunte de violencia y homicidios que marcó el inicio de su aplicación en el país.
Bajo esa figura legal se mantiene vigente la restricción de garantías como la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho de defensa en algunos casos y la posibilidad de detención administrativa por hasta 15 días, entre otras disposiciones.
Desde su instauración, las autoridades salvadoreñas han argumentado que el estado de excepción es una herramienta clave para combatir a las pandillas y otras estructuras delictivas, señalando que ha permitido capturas masivas de presuntos miembros de grupos criminales y contribuyó a una marcada disminución de homicidios violentos en comparación con años previos.
Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos y expertos han expresado preocupaciones sostenidas sobre los efectos de esta política en las libertades civiles y el debido proceso. Según informes de grupos defensores de los derechos humanos, la prolongada vigencia del régimen ha implicado arrestos masivos, detenciones en condiciones restrictivas y limitaciones al acceso a garantías procesales básicas para miles de personas.
Mientras tanto, algunos sectores dentro de la sociedad salvadoreña respaldan la extensión del régimen al considerar que ha mejorado la seguridad en las calles y debilitado la operación de maras y clicas, argumentando que la presencia reforzada de fuerzas de seguridad ha reducido la violencia extrema que caracterizaba al país antes de 2022.
A medida que el régimen de excepción se acerca a su cuarto aniversario, la discusión sobre su impacto real en términos de seguridad, derechos humanos y futuro del sistema judicial salvadoreño sigue siendo un tema central tanto en El Salvador como entre observadores internacionales.
Las autoridades han insistido en revisar periódicamente la necesidad de la medida, aunque hasta ahora no han señalado una fecha específica para su eventual levantamiento.