INTERNACIONALES

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de operaciones ofensivas marítimas durante los últimos cinco meses, en las que ha destruido al menos 35 embarcaciones pequeñas y causado más de 100 muertes, según informes oficiales del Comando Sur estadounidense y fuentes de la prensa internacional.

Estas acciones forman parte de una campaña que Washington presenta como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas y el denominado “narcoterrorismo” en aguas del Caribe y el Pacífico cercanas a América Latina.

Esta ofensiva, identificada internamente como operación “Lanza del Sur”, comenzó en septiembre de 2025 y ha tenido diversos episodios en los que las fuerzas militares de Estados Unidos han atacado embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas al narcotráfico y transitaban por rutas marítimas señaladas como estratégicas para el comercio ilegal de drogas.

El 31 de diciembre de 2025, el Comando Sur anunció la destrucción de otras dos lanchas rápidas, lo que se sumó a una acción ocurrida el 30 de diciembre contra tres embarcaciones similares, y en las que al menos cinco personas perdieron la vida.

Las autoridades militares estadounidenses describieron a los ocupantes de estas naves como miembros de “organizaciones terroristas designadas” que participaban en actividades de tráfico de estupefacientes, aunque no siempre han precisado la evidencia que respalde esas calificaciones.

El gobierno liderado por el presidente Donald Trump ha defendido estos ataques como parte de un “conflicto armado directo” contra carteles de drogas internacionales, una postura que justifica la utilización de fuerza letal en aguas internacionales sin una declaración de guerra formal.

Según los reportes, estas operaciones se han extendido desde el mar Caribe hacia el océano Pacífico, incluyendo zonas cercanas a las costas de países como Venezuela y Colombia.

Sin embargo, estas acciones no han estado exentas de críticas. Gobiernos de la región, entre ellos los de Venezuela y Colombia, han rechazado los ataques, calificándolos como violaciones al derecho internacional y señalándolos como “ejecuciones extrajudiciales”. Además, organizaciones internacionales como la ONU han pedido que Estados Unidos detenga estas operaciones marítimas, advirtiendo que podrían atentar contra la soberanía de los Estados y las normas que regulan el uso de la fuerza en alta mar.

Críticos de la ofensiva también señalan que la falta de transparencia sobre la evidencia que vincula a las embarcaciones atacadas con el narcotráfico ha generado dudas sobre la legalidad y legitimidad de estos procedimientos militares, especialmente en un contexto en el que la región enfrenta desafíos humanitarios y de seguridad complejos.

La acumulación de estas acciones y sus consecuencias humanas ha intensificado un debate internacional sobre el alcance y límites del uso de fuerza por parte de Estados Unidos fuera de sus fronteras, con llamados a priorizar estrategias más diplomáticas y cooperativas para abordar el problema del narcotráfico transnacional.