INTERNACIONALES

El gobierno de Estados Unidos anunció una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una medida que comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero de 2026 y forma parte de un endurecimiento de sus políticas migratorias.

Según un memorando interno del Departamento de Estado, la decisión obliga a las embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo a rechazar nuevas solicitudes de visas de inmigrante mientras se revisan y refuerzan los procedimientos de evaluación y verificación consular. La pausa no tiene una fecha definida de finalización y se mantendrá hasta que concluya esa revisión.

La suspensión se enfoca exclusivamente en visas de inmigrante (que permiten la residencia permanente), y no afecta los visados de no inmigrante, como los de turismo, negocios o estudios, al menos por el momento.

Entre las naciones incluidas en esta extensa lista figuran países de América Latina, África, Asia y Europa, tales como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otros, con un total de 75 nacionalidades afectadas.

Las autoridades estadounidenses han explicado que el objetivo de esta pausa es evitar la entrada de solicitantes que puedan depender de asistencia social o beneficios públicos en territorio estadounidense, un criterio que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de inmigrantes por el posible impacto en familias, trabajadores y estudiantes que esperaban completar sus trámites migratorios.

Analistas en política migratoria señalan que esta medida se enmarca en una serie de acciones recientes del gobierno de Donald Trump para restringir la inmigración legal, incluidas revisiones más estrictas bajo la llamada regla de “carga pública”. La decisión también llega en un contexto de debates intensos sobre el papel de Estados Unidos en la gestión de flujos migratorios y las implicaciones diplomáticas con los países afectados.

Ciudadanos de las naciones incluidas que planeaban emigrar a Estados Unidos en los próximos meses deberán ajustar sus planes, mientras que aquellos con procesos en curso podrían enfrentar retrasos significativos hasta que la suspensión sea levantada o modificada.