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La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica confirmó la continuidad de Carlo Díaz al frente de la Fiscalía General por otros cuatro años, tras una votación unánime de los 21 magistrados presentes. La decisión permitirá que el funcionario permanezca en el cargo hasta octubre de 2030, en medio de las diferencias que mantiene con representantes del Gobierno por varias investigaciones judiciales.

La permanencia de Díaz se produce en un escenario de tensión entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. El fiscal ha impulsado investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y el financiamiento de campañas electorales, algunas de ellas vinculadas con el expresidente Rodrigo Chaves y antiguos integrantes de su administración. Chaves y otros funcionarios han cuestionado las actuaciones de la Fiscalía y han denunciado una supuesta persecución política.

La votación se desarrolló durante una sesión de la Corte Plena, en la que Díaz presentó un balance de su gestión y respondió preguntas de los magistrados sobre temas como la independencia del Ministerio Público, la lucha contra el crimen organizado y las limitaciones presupuestarias de la institución.

Los 21 jueces que participaron respaldaron su continuidad, aunque durante la discusión surgieron observaciones sobre algunas de sus declaraciones públicas y la forma en que se ha referido a asuntos políticos. Pese a esas diferencias, ningún magistrado votó en contra de su reelección.

Tras conocer el resultado, Díaz reafirmó su compromiso de mantener una Fiscalía independiente, combatir la corrupción y enfrentar las estructuras criminales sin distinción de quiénes estén involucrados. También defendió la importancia de que el Ministerio Público pueda ejercer sus funciones sin presiones externas.

La relación entre el fiscal y el sector político cercano al anterior Gobierno se ha deteriorado desde que la Fiscalía abrió expedientes por supuestas irregularidades relacionadas con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y presuntos mecanismos paralelos de financiamiento electoral. En uno de esos casos, el Congreso no aprobó en 2025 el levantamiento de la inmunidad de Chaves, lo que impidió que avanzara el proceso en los términos solicitados por la Fiscalía.

La decisión judicial también provocó críticas de Chaves, quien actualmente ocupa los ministerios de la Presidencia y de Hacienda en el Gobierno de Laura Fernández. El exmandatario cuestionó la capacidad de Díaz para dirigir la Fiscalía y calificó su reelección como una decisión que, a su juicio, refleja la confrontación entre el Poder Judicial y sectores políticos opositores.