Congreso de Costa Rica decidirá si levanta fuero a Chaves por presunta corrupción
2 de julio de 2025
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó con 15 votos a favor y 7 en contra, solicitar al Congreso que evalúe si procede levantar el fuero constitucional del presidente Rodrigo Chaves para ser investigado penalmente por el presunto delito de concusión, cometido en el marco de una contratación con fondos del BCIE.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, podría enfrentar una investigación penal por presunto delito de concusión relacionado con el uso indebido de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La Corte Suprema ha remitido al Congreso la solicitud para levantar su inmunidad presidencial. El caso incluye a figuras cercanas al mandatario y gira en torno a la cuestionada contratación de una empresa de comunicación con fondos externos. La decisión final está ahora en manos del Congreso costarricense.
La acusación, presentada por la Fiscalía General en abril de 2025, alega que Chaves participó en una contratación dirigida a beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, mediante un contrato financiado con 405.000 dólares donados por el BCIE. La contratación habría sido hecha a la medida para prestar servicios de comunicación, consultoría y producción a la Presidencia de la República.
La Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y al exasesor de campaña y amigo personal del presidente, Federico Cruz Saravanja, quien habría recibido un pago indebido de 32.000 dólares. Aunque Cruz no es funcionario público, enfrenta una causa penal separada.
El caso salió a la luz en diciembre de 2023, tras una investigación del diario La Nación que publicó audios entregados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, quien aseguró haberlos grabado para documentar posibles ilegalidades. El Gobierno, en respuesta, presentó denuncias penales contra Navarro y el medio de comunicación por la supuesta divulgación ilegal del material.
El BCIE sancionó a Bulgarelli y su empresa con un veto de siete años por prácticas fraudulentas y colusión, luego de que se confirmara que él mismo redactó los términos de referencia del contrato, en colaboración con personal de Casa Presidencial.
La Fiscalía otorgó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, suspendiendo la persecución penal en su contra a cambio de su colaboración efectiva con la investigación. Si no colabora según lo acordado, enfrentará nuevamente cargos.
Ahora, el expediente ha sido remitido al Congreso costarricense, que deberá decidir si autoriza el levantamiento de la inmunidad presidencial para que el caso continúe en sede judicial. No se ha definido un plazo para dicha resolución.
Este caso representa una fuerte prueba institucional para Costa Rica, donde la figura presidencial no ha sido históricamente objeto de procesos penales en ejercicio de funciones, lo que genera gran expectativa política y jurídica a nivel nacional.
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