Colombia declara emergencia económica tras fracaso de reforma tributaria
23 de diciembre de 2025
El Gobierno de Colombia decretó emergencia económica por 30 días tras el rechazo en el Congreso del proyecto de reforma tributaria que pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (aproximadamente 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.
La decisión fue oficializada mediante el decreto 1390 de 2025, que declara la emergencia en todo el territorio nacional a partir de su vigencia.
La medida busca otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias para establecer nuevos tributos o modificar los existentes, con el fin de enfrentar lo que considera una “incapacidad material y jurídica de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales” debido a una situación fiscal calificada como grave.
El presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria y señaló que el país enfrenta un déficit primario en las finanzas públicas acumulado desde la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018). Criticó además al Congreso por haber rechazado por segunda vez consecutiva su propuesta de financiación y al Banco de la República por mantener la tasa básica de interés en 9,25 % desde abril, lo que, según Petro, eleva la tasa de riesgo sobre el endeudamiento del país y complica la sostenibilidad de la deuda pública.
“Las condiciones de la emergencia son evidentes. Si la Corte Constitucional también anula el decreto, la tasa de riesgo país aumentará y la insostenibilidad de la deuda provocará una crisis económica grave. No es amenaza, es economía de primer semestre”, enfatizó el mandatario.
Petro explicó que los recursos que se buscarán con esta emergencia estarán basados en los mismos criterios rechazados por el Congreso y apuntarán principalmente a los grandes contribuyentes, a quienes considera beneficiarios de la política económica vigente, con el argumento de que se trata de una “devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos”.
La reforma tributaria rechazada el 9 de diciembre era la tercera presentada por el Gobierno de Petro. La primera fue aprobada en 2022 y la segunda fue rechazada en 2024.
La oposición, por su parte, cuestiona la estrategia del Ejecutivo y considera que, en lugar de aumentar impuestos, debería reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal y evitar agravar la situación económica del país.
La declaratoria de emergencia permitirá al Gobierno actuar con mayor flexibilidad fiscal durante un mes, mientras se busca garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y estabilizar las finanzas nacionales ante la amenaza de un posible incremento en la deuda y la tasa de riesgo país.
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