CIDH pide a El Salvador poner fin al régimen de excepción
15 de agosto de 2025
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este jueves al gobierno de El Salvador a tomar medidas para terminar el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, implementado por el presidente Nayib Bukele como herramienta para combatir a las pandillas.
En un comunicado, la CIDH expresó su preocupación por la prolongación indefinida de esta medida y su aplicación en casos que no guardan relación con el crimen organizado.
La Comisión recordó que recientemente se pronunciaron sobre la detención de defensores de derechos humanos en 2025, incluyendo a Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala, quienes fueron sometidos a plazos extendidos de control judicial.
El régimen de excepción, prorrogado 41 veces por la Asamblea Legislativa, suspende derechos fundamentales como la defensa legal de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia y amplía el plazo de detención administrativa hasta 15 días. Según la CIDH, aunque el gobierno reporta una reducción histórica de homicidios –con 188 días sin crímenes violentos en el último año– la suspensión indefinida de derechos representa un mecanismo inadecuado para enfrentar la delincuencia común.
Desde su implementación, la medida extraordinaria ha dejado más de 88.000 detenciones y se aprobó luego de un fin de semana en marzo de 2022 en el que fueron asesinadas más de 80 personas, tras la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y pandillas, según investigaciones del medio El Faro.
Esta estrategia se ha convertido en el eje central de la política de seguridad de Bukele y contribuyó a su reelección inmediata, a pesar de restricciones constitucionales, manteniendo altos niveles de aprobación popular.
Organizaciones humanitarias han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, además de más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, en su mayoría con signos de violencia.
La CIDH reiteró que estas prácticas no deben normalizarse y urgió al Estado a garantizar el respeto a los derechos fundamentales mientras se implementan estrategias de seguridad.
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