INTERNACIONALES

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China aprobó este sábado una amplia revisión de la Ley de Comercio Exterior, una reforma legislativa que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, diseñada para fortalecer el marco jurídico del comercio internacional y dotar al país de nuevas herramientas legales frente a fricciones comerciales y tensiones globales.

La revisión se produce cuando las potencias económicas del mundo están replanteando sus políticas comerciales en medio de crecientes tendencias proteccionistas, reconfiguración de cadenas de suministro y cambios en las reglas globales de comercio.

Analistas internacionales señalan que reformas como esta responden a la necesidad de Pekín de adaptarse a un entorno global cambiante, donde disputas arancelarias, presiones tecnológicas y rivalidades geoeconómicas plantean retos para las economías abiertas.

La actualización de la normativa, que no se renovaba de forma integral desde 2004, incorpora importantes cambios que hasta ahora se habían aplicado solo mediante reglamentos o políticas administrativas.

Entre las modificaciones figura la incorporación de un sistema de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios, lo que busca clarificar qué sectores siguen restringidos y cuáles se abren al intercambio internacional, favoreciendo la transparencia y facilitando la participación de empresas extranjeras.

La ley también impulsa el comercio digital y la economía verde, promoviendo marcos legales para la certificación de productos sostenibles y la expansión de actividades comerciales basadas en tecnologías digitales, con el objetivo de situar a China en mejores condiciones frente a las recientes tensiones comerciales y proteccionistas que afectan el comercio mundial.

Otra de las novedades legales es la ampliación de los mecanismos para proteger los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de comercio exterior, reforzando la capacidad de las empresas para gestionar riesgos y defender sus activos en mercados internacionales.

Asimismo, el texto incorpora un sistema de asistencia para el ajuste comercial, orientado a estabilizar cadenas de suministro e industrias nacionales, algo que Pekín considera clave ante las recientes disputas arancelarias y ajustes en las rutas del comercio global.

Además, el nuevo marco legal dota al Estado de herramientas más sólidas para responder ante desafíos externos, incluyendo medidas jurídicas frente a políticas de otros países consideradas perjudiciales para los intereses comerciales de China, en un contexto de relaciones económicas internacionales marcadas por una tregua comercial con Estados Unidos y tensiones persistentes con la Unión Europea y otros socios.

Con la entrada en vigor de la ley en 2026, China busca no solo defender sus intereses económicos, sino también proyectar una imagen de país comprometido con normas comerciales de alto nivel y con un sistema legal más robusto para el comercio internacional, en un momento en que la estabilidad económica global y el desarrollo sostenible figuran entre las prioridades de las principales economías del mundo.