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Bolsonaro consideró pedir asilo en Argentina
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria, habría considerado solicitar “asilo político” al gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, según reveló un informe de la Policía Federal de Brasil difundido recientemente.
21 de agosto de 2025
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria, habría considerado solicitar “asilo político” al gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, según reveló un informe de la Policía Federal de Brasil difundido recientemente.
En uno de los celulares confiscados en el marco del proceso judicial por intento de golpe de Estado, las autoridades encontraron un documento sin fecha en el que Bolsonaro se declara víctima de “persecución por motivos políticos” y solicita protección en el país vecino. El archivo, editable y sin firma, podría haber sido redactado por la esposa de Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, según los investigadores.
Bolsonaro enfrenta un juicio penal en el Supremo Tribunal Federal (STF) bajo la acusación de “liderar” una conspiración golpista para impedir la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022. Entre las medidas cautelares impuestas por el tribunal se incluye el uso de tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales y, posteriormente, su prisión domiciliaria por incumplimiento de estas disposiciones.
La Policía Federal sostiene que Bolsonaro y su hijo Eduardo, actualmente en Estados Unidos, habrían intentado “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump a realizar actos que pudieran interferir en el proceso judicial brasileño. Estos hechos podrían encuadrarse en delitos de coacción y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.
El hallazgo del borrador de asilo político forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer la posible colaboración de Bolsonaro y su familia para torpedear el juicio por golpismo. El proceso en su contra comenzará formalmente el próximo 2 de septiembre y podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión.
El caso ha generado repercusiones internacionales, y medios brasileños señalan que la situación contribuyó a tensiones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, incluyendo sanciones sobre jueces del Supremo y aranceles a las importaciones brasileñas.
La divulgación del documento refleja la magnitud de la crisis política en Brasil, donde el expresidente enfrenta cargos graves por intentar socavar la transición democrática y las instituciones del Estado.