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El Gobierno de Bolivia reconoció a José Armando Urioste como fiscal general interino y le encomendó la tarea de recuperar la institucionalidad y la confianza en el Ministerio Público, en medio de una fuerte crisis que derivó en la salida y detención del anterior titular, Roger Mariaca. Urioste permanecerá de forma interina durante 90 días, mientras se encamina la elección de un fiscal general titular.

La designación de Urioste fue realizada por la Asamblea Legislativa después de que Mariaca fuera destituido tras su detención y las acusaciones que lo vinculan con una presunta organización criminal relacionada con el narcotráfico. Para permitir su salida, el Legislativo aprobó previamente una modificación a la normativa que regula al Ministerio Público.

Durante un acto celebrado en La Paz, el presidente Rodrigo Paz aclaró que la actividad no constituía una posesión formal, sino un reconocimiento a la decisión adoptada por el Parlamento. La posesión corresponde al vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara.

Paz planteó cuatro prioridades para la gestión temporal de Urioste: reconstruir la institucionalidad, recuperar la credibilidad ciudadana, garantizar la independencia del Ministerio Público y preparar una transición que permita transformar esa institución. El mandatario sostuvo que la Fiscalía debe actuar sin estar sometida a intereses políticos, económicos o criminales.

El nuevo fiscal, por su parte, aseguró que asumirá el cargo con el propósito de hacer cumplir la ley y rechazó la idea de emprender una persecución contra personas sin responsabilidad penal. Urioste también agradeció a los legisladores por la confianza depositada en él y pidió respaldo para afrontar la situación que atraviesa el Ministerio Público.

La llegada de Urioste ocurre después de la detención de Roger Mariaca, quien fue acusado por el Gobierno de presuntamente formar parte de una estructura que habría protegido actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca rechazó los señalamientos y calificó su detención como una acción irregular.

El proceso de transición, sin embargo, enfrenta cuestionamientos políticos. El vicepresidente Edmand Lara anunció que analizaría la legalidad del procedimiento utilizado por la Asamblea para designar al fiscal interino, debido a que no participó en la sesión legislativa en la que se tomó la decisión.

Mientras se mantiene la discusión sobre la validez del procedimiento, la Asamblea deberá avanzar hacia la elección de un fiscal general titular. El reto inmediato para Urioste será conducir la institución durante este periodo y responder a las exigencias de independencia, transparencia y recuperación de la confianza ciudadana planteadas por el Ejecutivo.