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Barrio 18 señalado por asesinato de exfiscal en Guatemala

Las autoridades confirmaron que dos presuntos miembros de esa estructura criminal fueron detenidos y enfrentan un proceso penal, mientras continúan las investigaciones para identificar a quienes habrían ordenado el ataque.

21 de noviembre de 2026

La Fiscalía de Guatemala atribuyó a integrantes de la pandilla Barrio 18 la ejecución del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y de otro hombre, ocurrido el pasado 17 de octubre en Ciudad de Guatemala. Las autoridades confirmaron que dos presuntos miembros de esa estructura criminal fueron detenidos y enfrentan un proceso penal, mientras continúan las investigaciones para identificar a quienes habrían ordenado el ataque.

 

Solórzano Foppa, de 43 años, fue una figura reconocida por su trabajo en investigaciones contra la corrupción. Durante su trayectoria también dirigió la administración tributaria guatemalteca y mantuvo una postura crítica frente a presuntos vínculos entre estructuras criminales, sectores políticos y grupos de poder.

 

El abogado fue atacado a tiros mientras se encontraba en las instalaciones deportivas de Campo Marte, en la zona 5 de la capital. El hecho generó conmoción en el país y provocó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad, debido a que el exfuncionario contaba con protección policial.

 

El fiscal general, Gabriel García Luna, informó que las pesquisas permitieron establecer la participación material de Barrio 18 en el doble homicidio. Sin embargo, aclaró que todavía existen varias líneas de investigación para determinar quiénes pudieron planificar o financiar el crimen, información que permanece bajo reserva judicial.

 

Según el Ministerio Público, dos sospechosos vinculados con la pandilla fueron capturados el 29 de octubre y posteriormente enviados a proceso por su presunta responsabilidad en los asesinatos. Los investigadores también realizaron más de 50 diligencias, entre allanamientos, inspecciones y decomiso de evidencias, además de analizar vehículos y armas que podrían estar relacionados con el ataque.

 

El expediente también abrió una investigación sobre posibles irregularidades cometidas por agentes policiales después del crimen. Inicialmente, las autoridades detuvieron a dos hermanos a quienes señalaron como sospechosos; sin embargo, la Fiscalía solicitó su liberación al determinar que no existían pruebas suficientes para relacionarlos con el asesinato.

 

Las pesquisas posteriores derivaron en el procesamiento de siete policías, entre ellos mandos y agentes operativos, por presuntos abusos de autoridad y otras actuaciones que habrían obstaculizado la investigación. En esta línea también se indaga la posible manipulación de evidencias mediante la colocación irregular de un arma de fuego.

 

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para establecer si existió participación de otras personas en la planificación del doble homicidio y si algunos funcionarios tuvieron algún papel en su organización o en el intento de desviar las pesquisas.

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